Respuestas (im) pertinentes

Algunos legisladores contestan. En general, lo hacen los de la oposición, pero en algunos casos, el oficialismo sale a tratar de justificar su voto con una catarata de lugares comunes y de excusas, con resultados dispares.
Tal es el caso de la Diputada Adriana Puiggrós, uno de los clarísimos ejemplos de "me votaron N millones de personas, tengo patente de corso, y hago lo que quiero.
Va el mamotreto que contesta:
Estimado/a:

En respuesta a su correo, cuyo envío le agradezco así como su interés manifiesto en expresar sus opiniones, cumplo en poner en su conocimiento
mis posiciones respecto al tema aludido y sus observaciones.

En primer lugar, le hago saber que es innecesaria su advertencia o solicitud en cuanto a poner “mucha atención en la votación del proyecto del Poder Ejecutivo sobre retenciones”. No quisiera interpretarla, en función de cómo está redactada, como portadora de un tono de velada amenaza, por lo cual me siento en el deber como legisladora, más que “poner atención”, estudiar todos los proyectos de ley que se ponen a consideración del Congreso, así como los que son de elaboración propia o colectiva. Esto supone debatirlos,analizarlos, conocer el marco jurídico que regula las atribuciones de los tres poderes y de las instituciones de la democracia, entre otros. Por otra parte, además de diputada nacional soy una ciudadana argentina y he vivido de cerca, así como padecido junto al colectivo del pueblo, los avatares de este conflicto. Además, lo invito a visitar la página web de la Comisión de Educación que actualmente tengo el honor de presidir, para que tenga cabal conocimiento de qué tipo de debates, proyectos y trayectoria personal, académica y política tengo como legisladora, así como los otros colegas que integran dicha comisión.

En cuanto al punto 1, nadie me “pide” que "Ratifique" ninguna norma. Mi función como legisladora es legislar, tanto sobre proyectos que surjan del Poder Ejecutivo como de esta Cámara o del Senado (ver Art. 75 de la Constitución Nacional). Tenga la certidumbre que en este, como en todos los casos, actuaré conforme a mis convicciones políticas fundadas y dentro del marco de la legitimidad que me otorga el haber sido electa en elecciones libres, sin proscripciones, democráticas, por casi tres millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, quienes me votaron como integrante de una lista del Partido al cual represento y que anunció su política durante la campaña electoral.
Asimismo, mis opiniones respecto al tema retenciones han sido expresadas públicamente por diferentes medios. (Véase, pro ejemplo, el artículo “Dos modelos enfrentados en la historia”, en diario Diagonales, lunes 23 de junio de 2008). Respecto de las potestades del Poder Ejecutivo con relación al tema retenciones, lo invito cordialmente a leer nuevamente la Constitución, especialmente lo referido al Artículo 4°, 99° y 75°. Con relación a una norma dictada durante la dictadura militar, lamentablemente dentro del corpus normativo de nuestro país existen todavía numerosas leyes originadas en ese tipo de gobiernos de facto que habrá que ir corrigiendo en el marco de la institucionalidad democrática y con las herramientas de esa misma institucionalidad. Mucho más lamentable, sin embargo, es que ciertos sectores incurran en la desobediencia de la propia Constitución Nacional, reformada en 1994 en plena vigencia de la democracia.
Como es de público conocimiento, en el transcurso del conflicto con el sector patronal agrario se han violado numerosos derechos establecidos en el Art. 14 de la misma.

En cuanto a lo expresado en el punto 2, considero al menos una falta de respeto funcional a las acciones de desprestigio de las instituciones de la democracia, como este Congreso, la utilización de la palabra “cómplice”, por los motivos ya expresados. Infiero que al enviar este correo, está actuando usted como “cómplice”, en tal caso, de quienes pretenden desprestigiar a este Congreso y al conjunto de una ciudadanía que tiene ideas diferentes a las suyas respecto al modelo de país que pretende. Tal como expresé en el artículo arriba mencionado “ En el fondo de la actual discusión están los mismos dos modelos de país que se han enfrentado durante toda nuestra historia: el país librempresarista regido por el mercado que dominan los grandes inversores o el país de la justicia social y la democracia, donde la riqueza se reparte, se invierte en fuentes de trabajo, en salud, en educación.”

Usted dice “3. le piden que se haga cómplice de una exacción al campo mientras otras actividades - como el juego, la hotelería, las transacciones financieras, etc. - quedan exentas de retenciones a pesar de haber tenido ganancias tan "extraordinarias" como las del agro, que viene aportando el 35% de sus ingresos desde hace cinco años”. Resulta más que saludable que el debate instalado en la sociedad nos permita a todos los ciudadanos reflexionar y conocer nuestra legislación, pues es la única manera civilizada de discutir en el marco del respeto a las leyes y las instituciones que este país ha podido recuperar, luego de largas décadas de ruptura del orden democrático. Esto ha sido el fruto de largas y desgraciadas luchas entre argentinos. Afortunadamente, la gran mayoría hemos aprendido, no sin dolor, que podemos discutir políticas e ideas, intereses y propuestas, pero siempre debemos respetar las leyes, incluso aquellas que nos parezcan injustas, y, principalmente, la Constitución Nacional, que estamos obligados como ciudadanos a conocer y defender (ver Art. 36 °), aunque no seamos diputados.

En cuanto al punto “4. le piden que contribuya a impedir que en el campo se forme una sólida clase media de pequeños productores, a diferencia de lo que se hace en Uruguay, Brasil y Chile”, le informo que pocos gobiernos han hecho mayor contribución al desarrollo del sector agropecuario, que incluso con las actuales retenciones ha obtenido niveles de ganancia sin precedente en la historia argentina.(Lo invito a tomar conocimiento de cifras elaboradas no por el Gobierno ni sus simpatizantes, sino, por ejemplo, las publicadas en la revista Márgenes Agropecuarios, la publicación más consultada por el sector agropecuario). Lo que no es posible es que un sector se enriquezca ilimitadamente sobre la base del empobrecimiento y la apropiación de la riqueza de los otros sin que el Estado —constituido por todos los habitantes en atención al pacto fundante de todo régimen democrático— cumpla con su obligación de intervenir y regular, para equilibrar los conflictos que surgen de intereses muchas veces antagónicos. Por otra parte, como dije en el mismo artículo y sostengo, “la renta agraria surge de la explotación de la tierra de los argentinos, con manos argentinas y es apropiada por muy pocos”.
Son muchos los países desarrollados tienen en vigencia, como instrumento de regulación del mercado interno y de redistribución de la riqueza, retenciones a aquellas producciones que se exportan con mayor rentabilidad, como son, en nuestro caso, los alimentos. Sólo un país suicida no utilizaría esta herramienta. Así lo hacen Japón, Rusia, Francia, etcétera y así lo han sostenido en sus campañas electorales dirigentes de varios partidos de la oposición que, sin embargo, en pocos meses han cambiado de idea.
Con relación a su afirmación “Los argentinos de hoy y los de mañana estaremos observando atentamente su conducta para ver si es Usted un legítimo representante de la voluntad popular. Nuestros votos le confieren un mandato, nosotros somos sus mandantes, y no el Poder Ejecutivo Nacional.” Le hago saber que desconozco cuál es la representatividad que Ud. se arroga respecto al colectivo de “los argentinos”. Ya he hecho mención de cuántos y qué argentinos me honraron con el mandato de representarlos en esta Cámara. El mecanismo que han utilizado de delegación de representatividad es el legal y el legítimo. Es de desear que todos los argentinos nos “observen”, a los legisladores, en todo nuestro accionar. La legitimidad de la “voluntad popular”, es decir, la voluntad del soberano (el pueblo), afortunadamente se expresa por medio de las urnas cada dos años. Por el contrario, un sector que se ha equivocado al elegir apartarse de los mecanismos de la democracia, un sector que eligió expresar su proyecto de país con métodos violentos, cortando rutas, arrogándose en muchos casos poder de policía sobre otros ciudadanos, desabasteciendo a sus hermanos argentinos y desconociendo, no sólo la legitimidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo sino también de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe imponer una idea mediante el avasallamiento de los derechos del otro.
En el deseo de que este intercambio de ideas enriquezca el debate, le agradezco su envío, lo saludo cordialmente y lo invito a seguir el debate sobre este proyecto de ley en el Congreso.

Adriana Puiggrós
Diputada Nacional


Pero nuestros lectores (ya afilados en estas lides) también les contestan:
Estimada/o Diputada/o:
No es "velada amenaza" la que surge del ejercicio lícito de los derechos y, sobre todo, DEBERES, que como ciudadanos nos competen, sobre el control eficiente de las instituciones, sino una directa amenaza legal, contemplada y receptada por todos los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia, incluso surge de la sana lectura del art. 19 de nuestra Carta Magna, es la Ciudadanía quien se le debe reclamar el fiel cumplimiento de sus funciones, tal como surge de la fórmula de juramento oficial utilizada generalmente ("...que Dios y la Patria me lo demanden" dice, pro si no lo recuerda). Veo en su mail cierto tono de sospecha y, para que no lo dude, se la despejo, no es una "velada amenaza" sino una directa amenaza, pero no como la lanzada por quien fuera el ex presidente de la Nación en tono patoteril, sino lanzada desde la legalidad misma que me impone el deber ciudadano de controlar el correcto desempeño de los cargos públicos.
He leído con detenimiento los artículos de la Constitución que Ud. menciona y me llamaron la atención el art. 75 inc. 1º que dice expresamente que "Corresponde al Congreso de la Nación: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación...", el art. 99 inc. 3º, en cuyo segundo párrafo dice: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", como así también el art. 16 que en su último párrafo dice: "La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas" y el art. 28 que establece: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ..., facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
El conflicto, Sra./Sr. Diputada/o, no ha sido originado por "la patronal" de ningún sector, sino por la, a mi entender, inconstitucional medida que ha adoptado el Poder Ejecutivo y que ha sustentado mediante la búsqueda de la división de la sociedad efectuando afirmaciones cuya falacia y/o error no han hecho más que profundizar una situación que debió armonizar. Existen miles y millones de ciudadanos totalmente ajenos a la mal llamada "patronal", que están en desacuerdo no sólo con la medida tomada, sino también con la metodología implementada por el Ejecutivo Nacional para intentar sostener lo insostenible. Si Uds. dice representar a más de 3 millones de argentinos, cuanto menos debería suponerlo.
Por último y comulgando con Ud. en la intención de revalorizar las instituciones Nacionales (anhelo que no se consigue siguiendo intereses partidarios, sino buscando la unión nacional, el afianzamiento de la justicia y la consolidación de la paz interior, tal como lo expone el Preámbulo de nuestra Constitución), me tomo el atrevimiento de enviarle algo que se escribió hace muchísimo años, pero que tiene una actualidad asombrosa.
"Hemos dicho todo esto porque en vuestro nuevo Estado nosotros no vamos a nombrar un nuevo hombre en la función pública por su riqueza o alguna otra pretensión, como digamos, la fuerza, la estatura o las circunstancias de su nacimiento, insistimos en que la función más alta en el servicio de los dioses sea la asignada al hombre que sea mejor en la obediencia de las leyes establecidas y gane este tipo de victoria en el Estado. Tales individuos generalmente son llamados gobernantes y si los he llamado sirvientes de la Ley no es por acuñar un nuevo nombre sino porque creo que el éxito o el fracaso de un Estado depende de este punto más que de cualquier otra cosa. Cuando la Ley está sujeta a alguna autoridad y no tiene ninguna por sí misma, el colapso del Estado, en mi opinión, está a la vista; pero si las leyes son patronas del Gobierno y el Gobierno Esclavo, entonces, la situación es plenamente prometedora y los hombres gozan de todas las bendiciones.". (Platón: "Las Leyes. De un Ciudadano ateniense a Cleinas, el cretense", LIV).
Respecto a los supuestos "dos modelos de país" y otras consideraciones que desde ya no comparto (el único modelo de país que se puede "construir" en la Argentina es el que se "constituyó" conforme los términos de la Constitución), entiendo que es un debate filosófico que sólo desvía la atención de la realidad de lo que se debe tratar.
Sin otro particular, lo saluda,
Atentamente,