Excelente Artículo

Luego de más de 100 días de marchas y contramarchas en relación con el conflicto sostenido entre el Gobierno y los Productores Agropecuarios, a raíz de la inconstitucional implementación de retenciones móviles sobre la exportación de soja, trigo, maíz y girasol, mediante Resolución (ME) Nº 125 de fecha 11/03/2008, hemos llegado al "punto de inflexión" en dicha confrontación desde el momento en que se le dio tardía participación en la misma al Congreso de la Nación.

Una serie de consideraciones pueden efectuarse en relación con el tema, pero, con el propósito de no perdernos en una maraña de aspectos sociales, políticos, ideológicos, económicos y psicológicos, es oportuno resaltar la conveniencia de circunscribirnos, exclusivamente, a consideraciones de índole jurídica y que son, las que deberían articularse con la finalidad de obtener una solución adecuada al conflicto planteado con posibilidades reales de éxito.

No debe perderse de vista que el campo y su dirigencia han sido irrevocablemente nominados por el Gobierno para hacerse cargo de todos los males que aquejan a la economía argentina y, a su vez, de la preocupante proyección de la misma en el tiempo. Aunque fácilmente se advierte que estos males, no son otra cosa que la consecuencia del desgobierno que venimos padeciendo desde tiempo atrás, incluida -obviamente- la administración de Néstor Kirchner.

El campo y sus dirigentes deberán hacerse cargo, sin importar el resultado del
conflicto, en virtud de la precitada nominación oficialista, de la prolongación en el tiempo de la confrontación "campo-gobierno", de la inflación evidenciada a la fecha, de la mentira oficial respecto de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la total desaceleración de la economía, de la disminución de la recaudación oficial, del menor superávit fiscal, de las consecuencias de una desacertada política energética, de la suba de las tasas de interés (producto en realidad, de la fuga de capitales y de la caída de las reservas con motivo del conflicto), de la falta de inversión externa, de una recesión imparable con efecto
multiplicador preocupante en todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería y las economías regionales. Ciclópea "mochila" para el agro.

Se habla de diálogo. Y es, verdaderamente, lo que toda la sociedad reclama. Pero el diálogo requerido por la civilidad no es el mismo que el ofrecido por el oficialismo. Por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El requerido es un diálogo abierto sin subterfugios, y el ofrecido es un diálogo condicionado y gatopardista. Diálogo en el cual, todo cambia para que no cambie absolutamente nada. Peor aún, en este caso, "diálogo" es equivalente a "trampa" para el campo.

Mantener un diálogo como el ofrecido es, indudablemente, caer en una trampa política oficialista que denota una factura burda, hasta grotesca, pero no porque la construcción de la misma sea fácilmente detectable como rudimentaria y torpe, debe menospreciarse o no reconocerse su eficiencia en la consecución de los fines para los que fuera creada.

La mayoría del oficialismo en las bancas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, le otorga al Gobierno "patente de corso" para el tratamiento de las retenciones móviles, sea que se las trate a libro cerrado, o que se las abra a un tratamiento deliberativo sin condicionamientos. Al momento de las votaciones, el oficialismo hará valer el peso de las mayorías que ostenta en el ámbito legislativo. Lo expuesto, en distintas circunstancias se ha evidenciado, y como ha sido por otros sostenido, perder es un verbo que el peronismo no está
acostumbrado a conjugar.

Ello es indiscutible, y no puede esperarse otra cosa desde un punto de vista racional. Dicho de otro modo, "alea jacta est", es decir, la suerte está echada en la forzada etapa parlamentaria de este conflicto.

Sin dejar de lado el supuesto "debate" en sede legislativa en busca de un supuesto "consenso", con el propósito de auscultar la actitud a seguir por parte del Gobierno, surge como imprescindible que se adopten simultáneamente, urgentes medidas tendientes a encontrar una solución definitiva al conflicto, mediante la indefectible e insoslayable participación del Poder Judicial.

Desde este punto de vista, el texto del email conteniendo el petitorio a Senadores y Diputados, en sus puntos 1. y 2., claramente enfoca y resalta cuales son los dos aspectos fundamentales a tener presente en el debate sobre la procedencia de las retenciones móviles, aspectos estos que se anteponen e incluso excluyen, cualquier otro tipo de planteo sobre la cuestión. A saber:
(a.). La inconstitucionalidad de la norma en su esencia, en razón de no haber sido emanada del Poder Legislativo, que es el que cuenta con facultades constitucionales que le son exclusivas para legislar sobre derechos de exportación (mal llamados retenciones).
(b.). La inconstitucionalidad de la norma en su contenido, en razón de establecer porcentajes confiscatorios en concepto de derechos de exportación, en flagrante contraposición a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una norma viciada de nulidad absoluta e insanable, no existe como acto jurídico válido. ¿Cómo puede entonces, un acto jurídico nulo e insanable por las razones
expuestas, ser remitido a consideración del Poder Legislativo para su ratificación? Peor aún, ¿Cómo puede solicitarse la ratificación de un acto jurídico nulo e insanable, y en caso de no prosperar aquella, aspirar a que dicho acto continúe surtiendo efectos jurídicos de todas maneras?

La acción derivada de una nulidad absoluta no es prescriptible; esta solución -sostiene Borda- "surge necesariamente de la inconfirmabilidad de la acción, pues de aceptarse la prescripción se podría llegar por esa vía a la confirmación tácita. Por lo demás, lo que es inmoral, lo que es contrario a los intereses públicos, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo." Los procedimientos oficiales implementados, repugnan los principios elementales del Derecho.

Quienes tienen la función y el deber de conducir el Estado Nacional, no hacen una normal, coherente, consecuente y seria aplicación de las normas que lo rigen. De esta manera, se constituyen en una suerte de pretores romanos -con la salvedad de la distancia histórica- que tuercen, moldean, quiebran, trastocan y ejecutan los textos ordenatorios de la vida institucional a partir de su antojo y/o conveniencia, y dependiendo de a quien deban aplicarse los mismos; sean estos adherentes a la causa, o sean estos disidentes, a quienes no duda el Gobierno en calificar de golpistas, desestabilizadores, antidemocráticos y antipatrióticos.

La continua sucesión, reiteración de estos procedimientos, la flagrante violación de derechos de raigambre constitucional, la negación de jurisprudencia pacífica y feiterada de la Corte Suprema de Justicia, y la actitud corporativa -si cabe el término- evidenciada por el oficialismo, conlleva a que los productores agropecuarios formulen sus peticiones a partir de la vía judicial y reclamen así, la defensa de sus derechos e intereses.

La inconstitucionalidad de la norma, es el fundamento insustituible que aporta una solución definitiva al problema de la procedencia, o no, de las retenciones móviles a la exportación de granos.

Si el tratamiento de las retenciones móviles en contra del campo fracasa en el Poder Legislativo, siempre quedará, a favor de los ruralistas, la opción de atacar la ley que de dicho poder emane, casualmente, por su condición de inconstitucional, pero a raíz de ello, el campo y sus dirigentes tendrán que hacerse cargo también, injustificadamente por cierto, de la eventual acusación que se les formulará de continuar prolongando el conflicto "sine die", en razón de la irrevocable nominación a que el Gobierno los sometiera, y con el inevitable desprestigio que ello implicaría ante la opinión pública.

Cr. Oreste Marchiaro
D.N.I. 10.219.286
S. M. de Tucuman