Discurso en Diputados de Julián Obiglio contra la estatización de las AFJPs
Elogio a la libertad, a la propiedad privada
y a la inteligencia de los argentinos.
El jueves 6 de noviembre la Cámara de Diputados trató el proyecto del Poder Ejecutivo que dispone la estatización del régimen de AFJPs. A continuación, el discurso del Diputado Julián Obiglio, quien habló en nombre del Bloque PRO, y anticipó su voto negativo.
Sr. Obiglio.-
Señor presidente: mi discurso de esta tarde va a ser un elogio a la libertad, a la propiedad privada y a la inteligencia de los argentinos.
El sistema de las AFJP se creó hace catorce años. Hace catorce años que hay entre tres y nueve millones de argentinos que todos los meses voluntariamente sacan dinero de su sueldo y lo depositan en una cuenta de jubilación. Nadie los obliga. Nunca he visto a alguien que sea acompañado por otra persona al banco para que haga el depósito. Es más, muchos voluntariamente hacen aportes extras a sus cuentas de jubilación, previendo que algún día van a poder contar con ese dinero para pasar sus años de vejez.
Hace catorce años que existe este sistema y no he visto ninguna manifestación de afiliados a las AFJP pidiendo por favor al Estado paternalista que intervenga para salvarlos de este robo que están sufriendo todos los meses. Por el contrario, hace un año votamos una ley por el que dijimos a la gente: “si usted se quiere pasar al sistema estatal puede hacerlo sin ningún costo, sin ningún conflicto”. Además se publicitó esta posibilidad.
Solamente el 20 por ciento de los afiliados decidieron pasarse voluntariamente. Además ahora las AFJP sostienen que se puede abrir permanentemente el traspaso, para que la gente se pase cuando quiera. No he visto hasta ahora ni una sola persona que diga: “apoyo lo de las AFJP, me quiero pasar ya mismo porque me están estafando hace catorce años”. Nadie, silencio absoluto.
Por otro lado, tenemos al Estado que nos está diciendo –más que el Estado, diría el gobierno‑: “ustedes, ciudadanos, son medio tontos, no saben muy bien como administrar su dinero, no son cuidadosos, entonces posiblemente lo van a invertir mal y lo van a gastar, con lo cual cuando lleguen a viejos no van a tener como jubilarse. Entonces, como ustedes son medio tontos, no saben cómo administrar su dinero, dénmelo a mí que yo soy más inteligente que ustedes y lo voy a custodiar bien; y se los voy a devolver en el futuro en la forma en que yo quiera y pueda”.
Yo creo que los argentinos no son tontos y todos los argentinos saben cuidar su dinero. A principio de mes saben cobrar, saben dividir la plata para sus gastos y saben ahorrar. Creo que tenemos que confiar en los argentinos y no considerarlos personas con menores capacidades.
Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con la libertad de los trabajadores? Hay 10.500 personas que trabajan para las AFJP en forma directa o indirecta.
Resulta que un día viene el Estado y les dice a estas 10.500 personas: “miren, ustedes que tenían este trabajo, con esta estabilidad, que habían elegido trabajar en el sector privado, a partir de mañana pasan a ser empleados del Estado, les guste o no”.
Alguien podrá decir: ¿y mi libertad de elegir? Si yo elegí estar en una empresa. Bueno, no, ahora pasa a trabajar para el Estado. ¿Y si no quiero quedarme en el Estado? Entonces, se queda desocupado, lo siento. ¿Dónde está la libertad de esa gente?
La propiedad privada es fundamental. Hoy tenemos en el sistema de las AFJP un sistema de cuentas individuales. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay una cuenta que dice Julián Obiglio, por ejemplo, en la cual todos los meses yo puedo controlar cómo evolucionan mis depósitos, para bien o para mal, es mi decisión. Pero en pocos días más seguramente esa cuenta se llamará Néstor Kirchner o, perdón, Estado nacional o ANSES. Yo preferiría que se siguiera llamando Julián Obiglio, porque es lo que elegí.
¿Cuáles son las consecuencias de todo esto para nuestro país? Lamentablemente caída de inversiones. Los capitales huyen y existe una desconfianza generalizada. Lo que está sucediendo con los bancos y el dólar no es casual. La gente se pregunta qué es lo próximo, si ahora le van a quitar la cuenta que estaba a su nombre y pasará a llamarse “Estado”. En este momento de crisis financiera global creo que esta decisión no es acertada y que por el contrario hemos abierto las puertas para que aquella invada al país de la peor manera.
Observando cuáles han sido las propuestas del gobierno que este año han sido aprobadas por el oficialismo, advierto que ha habido un intento ‑en verdad la primera de ellas no fue aprobada, gracias a Dios‑ de sustraer el 86 por ciento de las ganancias a la gente del campo. Por otro lado se produjo la estatización de Aerolíneas Argentinas, por medio de la cual se asumió una deuda de 900 millones de dólares, y ahora dicen que se van a quedar con 30 mil millones de dólares de ahorristas privados y los van a mandar a la bolsa del Estado, donde todo se mezcla, y finalmente el dinero y los bonos del Estado son lo mismo.
Frente a esto yo me pregunto qué nos espera y cuál es el próximo avance sobre la libertad individual y la propiedad privada. La verdad es que este panorama no me gusta y mucho menos el camino que está siguiendo la Argentina.
Yo estoy convencido de que la propiedad privada y la libertad son elementos centrales para el desarrollo, el cual genera y aumenta la calidad de vida. En ese sentido, estas medidas directamente reducen muchísimo la calidad de vida de los argentinos. En lugar de aumentar la calidad de vida y asegurar el futuro de los jubilados se está restando calidad de vida a los ciudadanos de hoy.
Nosotros creemos firmemente en el Estado de derecho, la división de poderes, la libertad y la propiedad privada. Estos son los principios que hemos venido defendiendo, que vamos a defender y queremos dejar bien en claro a los argentinos que ésta fue, es y será siempre nuestra posición. (Aplausos).
lunes, 10 de noviembre de 2008
martes, 21 de octubre de 2008
Primer acto...
*
Primer acto: Jubilación estatal.
Segundo acto: Jubilación privada.
Tercer acto: Jubilación estatal.
¿Cómo se llama la película?: La Gran Estafa.*
Históricamente el Estado argentino se las ha arreglado para lograr recursos de fuentes distintas a lo que tradicionalmente se reconoce como “recursos tributarios”. La utilización del impuesto inflacionario por vía de la emisión sin respaldo y la apropiación para gastos corrientes de los fondos del sistema de seguridad social, llevados a cabo durante casi cuarenta años, ejemplifican diferentes maneras de complementar los recursos del sistema impositivo.
La hiperinflación que terminó de estallar entre 1989 y 1990 constituyó uno de los límites a esas formas de financiamiento. La /solución/ planteada al grave problema inflacionario, que además provocó en forma superlativa el masivo rechazo a la moneda nacional y el refugio en la moneda estadounidense, fue establecer un cepo a la emisión espuria y un tipo de cambio fijo respaldado por las reservas del Banco Central. Sus beneficios y perjuicios ya han sido exhaustivamente estudiados.
Por otra parte los tremendos abusos y las flagrantes injusticias que se cometieron durante años con los jubilados y pensionados, por un lado llevó a la población afectada a entablar -primero tímidamente y luego masivamente- numerosísimos juicios por re-liquidación de haberes y por otro lado condujo al sistema de seguridad social de reparto a un desprestigio prácticamente irrecuperable. El escenario histórico estaba montado para otra /solución/. Que provino de las ideas imperantes en la época: Privatización. Todo el andamiaje mediático y político se puso a favor del nuevo sistema privado de jubilaciones y pensiones. De apuro, haciendo uso de las mayorías automáticas que ostentaba el oficialismo en el Congreso Nacional, sin oír otros juicios de valor, nacían las AFJP. Ahora sí, las personas tendrían a salvo su futuro y el mercado de capitales se potenciaría con inversiones para la producción.
La historia reciente es más conocida. Abusos de las AFJP en las comisiones y costos. Simulado control estatal sobre la administración y el destino de los fondos. Apropiación estatal compulsiva de los recursos durante la crisis del 2001, y muy poco de aquellos supuestos beneficios para inversiones con destinos productivos.
Pero con un detalle importante: una gran cantidad de personas, ejerciendo su derecho a elegir, eligen por primera vez en la historia previsional argentina que, para mal o para bien, ellos serían los dueños de sus ahorros previsionales y nadie se los podrían quitar. Con el escenario de la crisis financiera internacional, el gobierno se apresta a revocar ese derecho, incorporándolos a las arcas del estado (más una recaudación anual que ronda los cuatro mil millones de dólares).
Ojalá que el título de la película a que hicimos referencia, no sea premonitorio
Primer acto: Jubilación estatal.
Segundo acto: Jubilación privada.
Tercer acto: Jubilación estatal.
¿Cómo se llama la película?: La Gran Estafa.*
Históricamente el Estado argentino se las ha arreglado para lograr recursos de fuentes distintas a lo que tradicionalmente se reconoce como “recursos tributarios”. La utilización del impuesto inflacionario por vía de la emisión sin respaldo y la apropiación para gastos corrientes de los fondos del sistema de seguridad social, llevados a cabo durante casi cuarenta años, ejemplifican diferentes maneras de complementar los recursos del sistema impositivo.
La hiperinflación que terminó de estallar entre 1989 y 1990 constituyó uno de los límites a esas formas de financiamiento. La /solución/ planteada al grave problema inflacionario, que además provocó en forma superlativa el masivo rechazo a la moneda nacional y el refugio en la moneda estadounidense, fue establecer un cepo a la emisión espuria y un tipo de cambio fijo respaldado por las reservas del Banco Central. Sus beneficios y perjuicios ya han sido exhaustivamente estudiados.
Por otra parte los tremendos abusos y las flagrantes injusticias que se cometieron durante años con los jubilados y pensionados, por un lado llevó a la población afectada a entablar -primero tímidamente y luego masivamente- numerosísimos juicios por re-liquidación de haberes y por otro lado condujo al sistema de seguridad social de reparto a un desprestigio prácticamente irrecuperable. El escenario histórico estaba montado para otra /solución/. Que provino de las ideas imperantes en la época: Privatización. Todo el andamiaje mediático y político se puso a favor del nuevo sistema privado de jubilaciones y pensiones. De apuro, haciendo uso de las mayorías automáticas que ostentaba el oficialismo en el Congreso Nacional, sin oír otros juicios de valor, nacían las AFJP. Ahora sí, las personas tendrían a salvo su futuro y el mercado de capitales se potenciaría con inversiones para la producción.
La historia reciente es más conocida. Abusos de las AFJP en las comisiones y costos. Simulado control estatal sobre la administración y el destino de los fondos. Apropiación estatal compulsiva de los recursos durante la crisis del 2001, y muy poco de aquellos supuestos beneficios para inversiones con destinos productivos.
Pero con un detalle importante: una gran cantidad de personas, ejerciendo su derecho a elegir, eligen por primera vez en la historia previsional argentina que, para mal o para bien, ellos serían los dueños de sus ahorros previsionales y nadie se los podrían quitar. Con el escenario de la crisis financiera internacional, el gobierno se apresta a revocar ese derecho, incorporándolos a las arcas del estado (más una recaudación anual que ronda los cuatro mil millones de dólares).
Ojalá que el título de la película a que hicimos referencia, no sea premonitorio
lunes, 20 de octubre de 2008
Presupuesto 2009 - Dip. Morandini
PRESUPUESTO 2009
Reflexiones de la diputada nacional
Norma Morandini
Versión taquigráfica- Sesión especial 15 de octubre de 2008.-
Señora presidenta: cuando escucho tantos números no puedo menos que preguntarme si es contando las lágrimas como se mide el dolor. Seguramente si salgo a medir quién llora más y quién llora menos y lo reflejo en número de lágrimas no podré determinar quién efectivamente tiene más sufrimiento, porque no se trata de eso. Se trata de ponerle alma a esas cifras, y sobre todo de restituir el corazón de lo que es, al menos como definición, este Congreso: el alma y el corazón de la democracia.
Estrené esta banca un día en que esta Cámara debía votar un proyecto de presupuesto, y como malentendía los números que se me presentaban pedí permiso para abstenerme. Pero no por eso ignoraba que la función fundamental de este Congreso es, precisamente, aprobar una propuesta del gobierno que nos permite saber qué se va a hacer con los recursos de los argentinos, cómo se va a distribuir el dinero de los argentinos, si se va a priorizar la educación sobre la defensa, si se van a armonizar las desigualdades, etcétera. Esta es nuestra función para tratar de cumplir con el mandato constitucional de que los recursos sean distribuidos entre la Nación y las provincias de una manera solidaria y equitativa.
Desgraciadamente, rápido aprendí que la Constitución no es un chaleco de fuerza sino un traje a medida que se utiliza según la coyuntura. También pronto aprendí, de colegas de este recinto por los cuales tengo un enorme respeto intelectual y adhesión política, a entender que en el presupuesto se dibujaban los números y se subvaluaba la inflación o el crecimiento porque de esa manera se podía contar con más recursos. El gobierno al que teníamos que controlar contaba con una delegación de facultades, con estos superpoderes que le permitieron, por ejemplo en el presupuesto del año pasado, utilizar un 31 por ciento más de lo que se tenía presupuestado.
En este afán de entender me dediqué a leer todos los debates parlamentarios desde la crisis del año 2001, esos debates que me tuvieron a mí, como a tantos argentinos, mirando desde la televisión lo que aquí se discutía. Me llamó mucho la atención que sólo hablamos de números. Si puedo hacer una ironía, que no quiero que se convierta en cinismo, me parecía que muchos de los argumentos que se usaban para justificar la ley de emergencia o la delegación de poderes bien podían haber sido los argumentos que se utilizaron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se permitía ese salvataje. Ellos no cayeron en la tentación de ir en contra de las instituciones porque esa es la fuerza de lo que después pudieron hacer en términos políticos.
Pero en esa lectura encontré algo que decía una diputada con la que inmediatamente me identifiqué. Esa diputada se preguntaba lo mismo que yo me he preguntado leyendo todos esos debates parlamentarios de la crisis del año 2001. Ella se preguntaba cómo puede ser que un discurso pueda funcionar por aplicación de una medida que es exactamente contraria a la otra. ¿Cómo puede ser que dos discursos iguales resulten funcionales ante dos situaciones diferentes? Eso cuestionaba la entonces diputada Cristina Fernández, hoy presidenta de la Nación. Y ella misma daba una respuesta a esas dos preguntas de las que yo también me hice eco y respecto de las cuales me sentí identificada. La respuesta que daba la entonces diputada era que se trataba de una cuestión de modelo.
En esto sí la presidenta ha sido coherente, porque sigue hablando de modelo. En ese sentido me animo a preguntar qué modelo es éste, que acuerda con las corporaciones, como son los gremios y los empresarios, y no con nosotros, que somos la expresión política. ¿Qué modelo es éste que niega la posibilidad de debatir y de que se hagan efectivos aportes, habiendo tantísimos diputados que se sientan de este lado del recinto que también son parte de nuestro país? Digo esto porque otra cosa que he aprendido rápido, con mucho dolor, es que en este Parlamento, como en todos los parlamentos ‑que por definición tienen que ser plurales‑, somos diferentes pero no somos todos desiguales. Tal vez tendríamos que insistir sobre esta idea. Los Parlamentos monocolor son antidemocráticos por definición, de modo que insisto en que acá somos diferentes pero no tenemos que ser desiguales, como pasa todo el tiempo, inclusive cuando se aplica el reglamento.
De manera que puedo preguntar perfectamente si no hay una relación directa entre las crisis y esta delegación de facultades, este quitarle el corazón a esta institución que tiene que recuperar su rol. No se trata de que pongamos las cámaras y los ciudadanos miren qué pasa en este recinto. Lo que tenemos que recuperar es la política, porque cuando uno lee los debates parlamentarios de la crisis ve también cómo por hablar del número se canceló el valor y por hablar del precio no se aludía a la política.
En eso los argentinos, que vamos siempre a contramano, fuimos los primeros alumnos, los más aplicados, cuando en el mundo, o concretamente en Estados Unidos, se decía: “Es la economía, estúpido.” Y no lo decía un político sino aquellos que han sustituido a la política, que son los asesores de imagen, que son los que nos hicieron creer que la política no servía porque lo que contaba era la economía. Es la economía, estúpidos.
Y resulta que hoy lo que está salvando a esa economía en crisis es la política. Siento decir a algunos colegas, que se ufanan con la caída del capitalismo, que no es la caída del capitalismo; esto es el capitalismo más duro y puro. Es el Estado que sale a salvar los intereses de los privados. Entonces, tal vez tendríamos que aprender, no jactarnos de las desgracias ajenas, porque no es cierto que engripándose la economía más poderosa del mundo nosotros ni siquiera vamos a estornudar.
De modo que tendremos que reivindicar con mucha fuerza que no sea la economía sino que sea la política, sobre todo porque tal vez éste es uno de los parlamentos, en los veinticinco años de democracia, donde más se ha reconocido a las víctimas de la dictadura militar. Esa dictadura militar y el autoritarismo que a lo largo de tantos años devaluó tanto a la política hizo creer a los argentinos que la política era una cosa sucia, lo que después tuvo una enorme continuidad en la década del 90, donde la política sobraba porque lo que contaba eran los números.
No se puede criticar a la dictadura y no corregir lo que nos dejó como irregularidad, que es esta delegación de facultades y este gobernar por la fuerza. No se puede condenar a la década del 90 y seguir utilizando aquellos instrumentos que permitieron hacer todo lo que hoy padecemos.
Como la presidenta, yo digo que el problema es el modelo, pero hay que preguntarse y sincerar cuál es el modelo; si creemos efectivamente y tenemos compromisos con un modelo democrático donde somos diferentes pero iguales ante la ley, o si tenemos una concepción política de poder que cancela los derechos, que no habla de ciudadanía porque alcanza con tener recursos para después domesticar y llevar a las provincias a arrodillarse y humillarse, porque no nos garantizan lo que corresponde. Ya ni siquiera lo que nos corresponde de la coparticipación sino cada vez menos.
Una provincia como Córdoba, orgullosa, se encuentra en penitencia y es un rehén porque ya tiene una dependencia del 80 por ciento del gobierno nacional. Insisto en que tienen que venir las provincias a canjear votos por favores. El gran cadáver que nos ha dejado la dictadura, colegas, ha sido la política.
Vivificar la política es la tarea de este Parlamento, porque si no vivificamos la política vamos a seguir haciendo un simulacro, y en lugar de venir a aprobar un presupuesto lo que se vendrá a hacer es convalidar lo que ya se decidió en otra parte.
Vuelvo a decirlo de una manera campera: venimos a entregar un lazo para que después nos maniaten, nos enlacen, y lograr que nos cancelemos como legisladores y en lo que tiene que ser nuestra función en este Parlamento, que es garantizar que los recursos se distribuyan de una manera equitativa y solidaria.
Reflexiones de la diputada nacional
Norma Morandini
Versión taquigráfica- Sesión especial 15 de octubre de 2008.-
Señora presidenta: cuando escucho tantos números no puedo menos que preguntarme si es contando las lágrimas como se mide el dolor. Seguramente si salgo a medir quién llora más y quién llora menos y lo reflejo en número de lágrimas no podré determinar quién efectivamente tiene más sufrimiento, porque no se trata de eso. Se trata de ponerle alma a esas cifras, y sobre todo de restituir el corazón de lo que es, al menos como definición, este Congreso: el alma y el corazón de la democracia.
Estrené esta banca un día en que esta Cámara debía votar un proyecto de presupuesto, y como malentendía los números que se me presentaban pedí permiso para abstenerme. Pero no por eso ignoraba que la función fundamental de este Congreso es, precisamente, aprobar una propuesta del gobierno que nos permite saber qué se va a hacer con los recursos de los argentinos, cómo se va a distribuir el dinero de los argentinos, si se va a priorizar la educación sobre la defensa, si se van a armonizar las desigualdades, etcétera. Esta es nuestra función para tratar de cumplir con el mandato constitucional de que los recursos sean distribuidos entre la Nación y las provincias de una manera solidaria y equitativa.
Desgraciadamente, rápido aprendí que la Constitución no es un chaleco de fuerza sino un traje a medida que se utiliza según la coyuntura. También pronto aprendí, de colegas de este recinto por los cuales tengo un enorme respeto intelectual y adhesión política, a entender que en el presupuesto se dibujaban los números y se subvaluaba la inflación o el crecimiento porque de esa manera se podía contar con más recursos. El gobierno al que teníamos que controlar contaba con una delegación de facultades, con estos superpoderes que le permitieron, por ejemplo en el presupuesto del año pasado, utilizar un 31 por ciento más de lo que se tenía presupuestado.
En este afán de entender me dediqué a leer todos los debates parlamentarios desde la crisis del año 2001, esos debates que me tuvieron a mí, como a tantos argentinos, mirando desde la televisión lo que aquí se discutía. Me llamó mucho la atención que sólo hablamos de números. Si puedo hacer una ironía, que no quiero que se convierta en cinismo, me parecía que muchos de los argumentos que se usaban para justificar la ley de emergencia o la delegación de poderes bien podían haber sido los argumentos que se utilizaron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se permitía ese salvataje. Ellos no cayeron en la tentación de ir en contra de las instituciones porque esa es la fuerza de lo que después pudieron hacer en términos políticos.
Pero en esa lectura encontré algo que decía una diputada con la que inmediatamente me identifiqué. Esa diputada se preguntaba lo mismo que yo me he preguntado leyendo todos esos debates parlamentarios de la crisis del año 2001. Ella se preguntaba cómo puede ser que un discurso pueda funcionar por aplicación de una medida que es exactamente contraria a la otra. ¿Cómo puede ser que dos discursos iguales resulten funcionales ante dos situaciones diferentes? Eso cuestionaba la entonces diputada Cristina Fernández, hoy presidenta de la Nación. Y ella misma daba una respuesta a esas dos preguntas de las que yo también me hice eco y respecto de las cuales me sentí identificada. La respuesta que daba la entonces diputada era que se trataba de una cuestión de modelo.
En esto sí la presidenta ha sido coherente, porque sigue hablando de modelo. En ese sentido me animo a preguntar qué modelo es éste, que acuerda con las corporaciones, como son los gremios y los empresarios, y no con nosotros, que somos la expresión política. ¿Qué modelo es éste que niega la posibilidad de debatir y de que se hagan efectivos aportes, habiendo tantísimos diputados que se sientan de este lado del recinto que también son parte de nuestro país? Digo esto porque otra cosa que he aprendido rápido, con mucho dolor, es que en este Parlamento, como en todos los parlamentos ‑que por definición tienen que ser plurales‑, somos diferentes pero no somos todos desiguales. Tal vez tendríamos que insistir sobre esta idea. Los Parlamentos monocolor son antidemocráticos por definición, de modo que insisto en que acá somos diferentes pero no tenemos que ser desiguales, como pasa todo el tiempo, inclusive cuando se aplica el reglamento.
De manera que puedo preguntar perfectamente si no hay una relación directa entre las crisis y esta delegación de facultades, este quitarle el corazón a esta institución que tiene que recuperar su rol. No se trata de que pongamos las cámaras y los ciudadanos miren qué pasa en este recinto. Lo que tenemos que recuperar es la política, porque cuando uno lee los debates parlamentarios de la crisis ve también cómo por hablar del número se canceló el valor y por hablar del precio no se aludía a la política.
En eso los argentinos, que vamos siempre a contramano, fuimos los primeros alumnos, los más aplicados, cuando en el mundo, o concretamente en Estados Unidos, se decía: “Es la economía, estúpido.” Y no lo decía un político sino aquellos que han sustituido a la política, que son los asesores de imagen, que son los que nos hicieron creer que la política no servía porque lo que contaba era la economía. Es la economía, estúpidos.
Y resulta que hoy lo que está salvando a esa economía en crisis es la política. Siento decir a algunos colegas, que se ufanan con la caída del capitalismo, que no es la caída del capitalismo; esto es el capitalismo más duro y puro. Es el Estado que sale a salvar los intereses de los privados. Entonces, tal vez tendríamos que aprender, no jactarnos de las desgracias ajenas, porque no es cierto que engripándose la economía más poderosa del mundo nosotros ni siquiera vamos a estornudar.
De modo que tendremos que reivindicar con mucha fuerza que no sea la economía sino que sea la política, sobre todo porque tal vez éste es uno de los parlamentos, en los veinticinco años de democracia, donde más se ha reconocido a las víctimas de la dictadura militar. Esa dictadura militar y el autoritarismo que a lo largo de tantos años devaluó tanto a la política hizo creer a los argentinos que la política era una cosa sucia, lo que después tuvo una enorme continuidad en la década del 90, donde la política sobraba porque lo que contaba eran los números.
No se puede criticar a la dictadura y no corregir lo que nos dejó como irregularidad, que es esta delegación de facultades y este gobernar por la fuerza. No se puede condenar a la década del 90 y seguir utilizando aquellos instrumentos que permitieron hacer todo lo que hoy padecemos.
Como la presidenta, yo digo que el problema es el modelo, pero hay que preguntarse y sincerar cuál es el modelo; si creemos efectivamente y tenemos compromisos con un modelo democrático donde somos diferentes pero iguales ante la ley, o si tenemos una concepción política de poder que cancela los derechos, que no habla de ciudadanía porque alcanza con tener recursos para después domesticar y llevar a las provincias a arrodillarse y humillarse, porque no nos garantizan lo que corresponde. Ya ni siquiera lo que nos corresponde de la coparticipación sino cada vez menos.
Una provincia como Córdoba, orgullosa, se encuentra en penitencia y es un rehén porque ya tiene una dependencia del 80 por ciento del gobierno nacional. Insisto en que tienen que venir las provincias a canjear votos por favores. El gran cadáver que nos ha dejado la dictadura, colegas, ha sido la política.
Vivificar la política es la tarea de este Parlamento, porque si no vivificamos la política vamos a seguir haciendo un simulacro, y en lugar de venir a aprobar un presupuesto lo que se vendrá a hacer es convalidar lo que ya se decidió en otra parte.
Vuelvo a decirlo de una manera campera: venimos a entregar un lazo para que después nos maniaten, nos enlacen, y lograr que nos cancelemos como legisladores y en lo que tiene que ser nuestra función en este Parlamento, que es garantizar que los recursos se distribuyan de una manera equitativa y solidaria.
lunes, 29 de septiembre de 2008
¿Y si probamos Sin Superpoderes?
Por el Cr. Guillermo Lo Cane. (GRACIAS!)
Desde que a Cavallo se le ocurrió que el gobierno de De la Rúa sería más fuerte si tenía Superpoderes (y el Congreso se los concedió) muy bien no nos ha ido. No nos salvamos de ninguno de los males que se abatieron por estas tierras y existe la clara sensación de que las únicas bondades que el destino nos deparó, provinieron más que nada de la iniciativa y sacrificio de los propios ciudadanos.
El término “Superpoderes” puede resultar simpático. Remite a los superhéroes de la infancia. Ellos sí que sabían utilizarlos para proteger el Bien y combatir el Mal. El hombre Araña, Batman, Flash, Acquaman, y por supuesto el más grande de todos: Surperman.
Pero en política, al menos por estos lares, de poco han servido para mejorar la vida de las personas. Es más, ni siquiera parecen tener efectividad para el propio poder ejecutivo quien recientemente ha visto cómo, el intento “superpoderoso” de imponer mediante una simple resolución un aumento de impuestos sobre determinadas exportaciones, derivó en un largo conflicto que la sabia intervención del Congreso pudo resolver. Ni siquiera le ha servido para eliminar, o por lo menos atenuar para este ejercicio fiscal, una vulgar tablita de impuestos. Y hasta la controvertida decisión de pagar la deuda con el Club de París es, cada día, más evidente que requiere de una ley. Tampoco ha resultado muy útil para impulsar firmemente el esclarecimiento de irregularidades que plantearon los sonados casos “Skanka” y “Valijagate”, ni para demostrar mayor eficiencia en medidas que tiendan a resolver las condiciones de inseguridad que aquejan al país.
Ahora el Congreso tiene la oportunidad de poner las cosas en su lugar y terminar con un elemento extraño a la democracia, que ostensiblemente debilita las instituciones como son los poderes extraordinarios concedidos al Ejecutivo y demostrar que es el único superpoderoso, porque tiene las potestades que la Constitución y el Pueblo le han otorgado. Para ello bastaría que esas potestades, que están dispersas en cada legislador, se concentren y tengan la vocación necesaria para preguntarse concienzudamente: ¿Y si probamos sin Superpoderes?
Desde que a Cavallo se le ocurrió que el gobierno de De la Rúa sería más fuerte si tenía Superpoderes (y el Congreso se los concedió) muy bien no nos ha ido. No nos salvamos de ninguno de los males que se abatieron por estas tierras y existe la clara sensación de que las únicas bondades que el destino nos deparó, provinieron más que nada de la iniciativa y sacrificio de los propios ciudadanos.
El término “Superpoderes” puede resultar simpático. Remite a los superhéroes de la infancia. Ellos sí que sabían utilizarlos para proteger el Bien y combatir el Mal. El hombre Araña, Batman, Flash, Acquaman, y por supuesto el más grande de todos: Surperman.
Pero en política, al menos por estos lares, de poco han servido para mejorar la vida de las personas. Es más, ni siquiera parecen tener efectividad para el propio poder ejecutivo quien recientemente ha visto cómo, el intento “superpoderoso” de imponer mediante una simple resolución un aumento de impuestos sobre determinadas exportaciones, derivó en un largo conflicto que la sabia intervención del Congreso pudo resolver. Ni siquiera le ha servido para eliminar, o por lo menos atenuar para este ejercicio fiscal, una vulgar tablita de impuestos. Y hasta la controvertida decisión de pagar la deuda con el Club de París es, cada día, más evidente que requiere de una ley. Tampoco ha resultado muy útil para impulsar firmemente el esclarecimiento de irregularidades que plantearon los sonados casos “Skanka” y “Valijagate”, ni para demostrar mayor eficiencia en medidas que tiendan a resolver las condiciones de inseguridad que aquejan al país.
Ahora el Congreso tiene la oportunidad de poner las cosas en su lugar y terminar con un elemento extraño a la democracia, que ostensiblemente debilita las instituciones como son los poderes extraordinarios concedidos al Ejecutivo y demostrar que es el único superpoderoso, porque tiene las potestades que la Constitución y el Pueblo le han otorgado. Para ello bastaría que esas potestades, que están dispersas en cada legislador, se concentren y tengan la vocación necesaria para preguntarse concienzudamente: ¿Y si probamos sin Superpoderes?
lunes, 22 de septiembre de 2008
Del Presupuesto: Sólo importa la palabra "superpoderes"
Cristina repite el "viejo truco" de Néstor y subestima el crecimiento, para manejar luego sin control el obvio excedente. Proyectan inflación anual del 8%.
El Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2009 que, a pesar de las distintas realidades económicas, mantendrá la misma política de los últimos años, proyectando una inflación en torno al ocho por ciento, un crecimiento del PBI del cuatro por ciento y un precio del dólar de 3,20 pesos.
Asimismo, más allá de toda pauta económica, la discusión legislativa estará vinculada a la continuidad de la emergencia económica y la facultad de delegar poderes especiales al Poder Ejecutivo. Aunque no fue confirmado por el Ministerio de Economía, Carlos Fernández, responsable del Palacio de Hacienda, concurriría esta semana al Congreso para informar a los legisladores sobre temas del Presupuesto.
El gobierno de Néstor Kirchner cumplió durante cinco años con el envío al Parlamento de un presupuesto con subestimaciones de crecimiento, que permitían obtener recursos no pautados que luego eran administrados por el otrora jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a través de la delegación de facultades que otorgaba la emergencia económica.
Hasta el 2006, en cada ley de Presupuesto se incluía un artículo en el que el Poder Legislativo delegaba ciertas facultades en la Jefatura de Gabinete, lo que se conoce popularmente como "Superpoderes". A partir de ese año, esa delegación de facultades ya no debe ser aprobada como parte del mismo presupuesto (cuyo plazo de vencimiento es el 31 de diciembre de cada año) sino en la ley de Administración Financiera, por lo que no requiere de su constante tratamiento y aprobación.
El cambio de escenario político envalentonó a la oposición y desde distintos sectores ya advirtieron que no aceptarán una prórroga de la emergencia económica ni de delegación de "Superpoderes". Un grupo de diputados justicialistas no kirchneristas -encabezado por el ex secretario de Hacienda Jorge Sarghini- se expresó en este sentido.
En ese sentido, Sarghini presentó un proyecto para derogar el artículo 37 de la ley de Administración Financiera, junto a los diputados Paola Spatola, Marta Velarde, Adriana Marino, Eduardo Pastoriza, Emilio Martínez Garbino y Juan José Alvarez.
El cambio en la relación de fuerzas políticas pone además un manto de sospecha acerca de cómo reaccionará la oposición al momento de debatir un proyecto con pautas alejadas de la realidad, dado que aceptar supuestos macroeconómicos inconsistentes le permitirá de todas formas al Gobierno contar con recursos adicionales no presupuestados en un año electoral. Según trascendió, la inflación pautada será del 8 por ciento, previsión poco probable ante una variación de precios real en 2008 no inferior al 25 por ciento.
En lo que respecta al PBI, un aumento estimado del 4 por ciento quedaría absolutamente desubicado si 2008 cierra con una expansión cercana al 8 por ciento, ya que sólo el "arrastre estadístico" lo ubicaría en el umbral de ese porcentaje.
De acuerdo con la ley de Administración Financiera el proyecto de ley de presupuesto debe presentarse antes del cierre de la primera quincena de septiembre, por lo que se descuenta que el lunes el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, lo remitirá al Congreso.
Fuente: DYN
El Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2009 que, a pesar de las distintas realidades económicas, mantendrá la misma política de los últimos años, proyectando una inflación en torno al ocho por ciento, un crecimiento del PBI del cuatro por ciento y un precio del dólar de 3,20 pesos.
Asimismo, más allá de toda pauta económica, la discusión legislativa estará vinculada a la continuidad de la emergencia económica y la facultad de delegar poderes especiales al Poder Ejecutivo. Aunque no fue confirmado por el Ministerio de Economía, Carlos Fernández, responsable del Palacio de Hacienda, concurriría esta semana al Congreso para informar a los legisladores sobre temas del Presupuesto.
El gobierno de Néstor Kirchner cumplió durante cinco años con el envío al Parlamento de un presupuesto con subestimaciones de crecimiento, que permitían obtener recursos no pautados que luego eran administrados por el otrora jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a través de la delegación de facultades que otorgaba la emergencia económica.
Hasta el 2006, en cada ley de Presupuesto se incluía un artículo en el que el Poder Legislativo delegaba ciertas facultades en la Jefatura de Gabinete, lo que se conoce popularmente como "Superpoderes". A partir de ese año, esa delegación de facultades ya no debe ser aprobada como parte del mismo presupuesto (cuyo plazo de vencimiento es el 31 de diciembre de cada año) sino en la ley de Administración Financiera, por lo que no requiere de su constante tratamiento y aprobación.
El cambio de escenario político envalentonó a la oposición y desde distintos sectores ya advirtieron que no aceptarán una prórroga de la emergencia económica ni de delegación de "Superpoderes". Un grupo de diputados justicialistas no kirchneristas -encabezado por el ex secretario de Hacienda Jorge Sarghini- se expresó en este sentido.
En ese sentido, Sarghini presentó un proyecto para derogar el artículo 37 de la ley de Administración Financiera, junto a los diputados Paola Spatola, Marta Velarde, Adriana Marino, Eduardo Pastoriza, Emilio Martínez Garbino y Juan José Alvarez.
El cambio en la relación de fuerzas políticas pone además un manto de sospecha acerca de cómo reaccionará la oposición al momento de debatir un proyecto con pautas alejadas de la realidad, dado que aceptar supuestos macroeconómicos inconsistentes le permitirá de todas formas al Gobierno contar con recursos adicionales no presupuestados en un año electoral. Según trascendió, la inflación pautada será del 8 por ciento, previsión poco probable ante una variación de precios real en 2008 no inferior al 25 por ciento.
En lo que respecta al PBI, un aumento estimado del 4 por ciento quedaría absolutamente desubicado si 2008 cierra con una expansión cercana al 8 por ciento, ya que sólo el "arrastre estadístico" lo ubicaría en el umbral de ese porcentaje.
De acuerdo con la ley de Administración Financiera el proyecto de ley de presupuesto debe presentarse antes del cierre de la primera quincena de septiembre, por lo que se descuenta que el lunes el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, lo remitirá al Congreso.
Fuente: DYN
jueves, 4 de septiembre de 2008
El círculo vicioso del gasto estatal
Los ciudadanos se quejan a diario de la insoportable presión impositiva, de la inflación ya casi escandalosa y de escuchar por décadas aquello de la "pesada carga" que significa nuestra añosa deuda.
Es que el Estado se financia irremediablemente recurriendo a mecanismos que se derivan de ese trípode que conforman la emisión monetaria, los impuestos y el endeudamiento.
Estas formas de sostener económicamente al Estado se combinan a diario para satisfacer no solo la desmedida vocación de poder de los políticos de turno, sino también para dar rienda suelta a los infantiles caprichos de la ideología imperante. Todo esto solo se logra con la imprescindible complicidad de ese renovado acuerdo ciudadano, que manifiesta expresamente su voluntad en cada elección y en cada discurso. Esto NO es mérito solo de políticos que conveniente y funcionalmente se pliegan con entusiasmo a esa retórica.
Mucha gente defiende el Estado del Bienestar. Esas ideas imaginan un Estado fuerte. Quieren que el Estado se ocupe de todo, absolutamente de todo. No se dan cuenta que además de perder libertades al ceder derechos cotidianamente, a eso agregan, la fuerza expoliadora de un Estado devorador de recursos, que cumple con ese mandato, que intenta hacer todo lo que la sociedad le pide, incluso perjudicarla.
Algunos ilusos prefieren creer, que en realidad sus ideas son las correctas, pero que solo han caído, circunstancialmente, en manos de algunos funcionarios corruptos e inútiles que administran mal los recursos que se les confían.
La eficiencia es, en esencia, incompatible con la gestión pública. En todo caso es posible ser más cuidadoso en el uso de los recursos. La eficiencia tantas veces recitada, ha sido utilizada sistemáticamente como "caballito de batalla", como promesa electoral, como mera cuestión retórica, para convencernos que solo enfrentamos un problema de gestión y no de ideas incorrectas. Es el argumento político preferido por lo simple, para decir que quieren manejar la caja que hoy manejan otros.
Cada político, opositor al oficialismo de turno, nos quiere convencer de que "él lo hará mejor y será más eficiente", respetando el sacrificio de los contribuyentes. Nuestra historia dice todo lo contrario.
No solo no lo logran, sino que debutan inexorablemente emitiendo, proponiendo un nuevo impuesto o planteando la necesidad de endeudarse una vez más. Cuesta recordar un gobierno nacional, provincial o municipal que se anime a plantear la reducción del gasto estatal, intentando reducir la carga que soporta el ciudadano medio.
Siempre habrá una buena excusa para aumentar impuestos o endeudarse. Alguna obra de infraestructura que encarar, algún reajuste salarial prometido a los sindicatos, o simplemente pagar los vencimientos de la abultada deuda que dejo el gobernante anterior.
Nadie habla de achicar el Estado, de reducir cientos de oficinas que no cumplen función alguna, de limitar los dineros que se dilapidan a diario, muchas veces rozando la obscenidad, frente a una sociedad que lucha poniendo el cuerpo todos los días en busca del sustento para sus familias.
Es una paradoja que en medio de tanta precariedad, tengamos un Estado rico que se ufana groseramente de su superavit, como si ese fuera un valor moral, pero que para ello explota con sus impuestos a los ciudadanos de los que se nutre para sostener su parasitaria estructura, que solo puede dar cátedra de abulia, pereza y conformismo.
Podemos discutir hasta el cansancio acerca de porque tal o cual otro impuesto es inmoral o quejarnos por esta inflación tan destructiva que se ha posado sobre esta sociedad. Incluso podemos enojarnos por esa deuda que debemos pagar solidariamente por la irresponsabilidad de vaya a saber que cantidad de generaciones de dirigentes.
Lo concreto es que todos los partidos políticos tienen brillantes ideas para un Estado cada vez más poderoso. Sus cerebros son productores en serie, de ocurrencias que solo prevén partidas presupuestarias adicionales que las pagará, de alguna manera, el siempre disponible contribuyente. O será un impuesto nuevo que lo abonará directa o indirectamente, o la suba de alguno que ya existe. Otra variante será pagar esa nueva genialidad, con la inflación que el Estado genera cuando emite graciosamente para sostener sus perversos mecanismos de poder. Ahora pretenden, además, convencernos de que no solo se puede crecer con inflación sino, que hasta es bueno tener algo de ella.
De la deuda ya sabemos bastante. Nos vanagloriamos, de vez en cuando, de que somos capaces de no pagarla, y además la juzgamos de inmoral pese a habernos gastado el dinero. Total, siempre tendrán la responsabilidad otros ineficientes y corruptos que estuvieron antes que el gobernante actual.
Mientras no seamos capaces de debatir seriamente acerca de lo que le corresponde al Estado hacer y lo que no es su ámbito, seguiremos discutiendo SOLAMENTE como financiarlo. Una discusión importante a la que debemos poder llegar sin tantos prejuicios. Debemos abandonar el paradigma de que debemos producir, trabajar, generar riqueza para que el Estado voraz, desordenado y desprolijo que hemos sabido engendrar, despilfarre nuestros esfuerzos con absoluta impunidad.
Abordar esta cuestión supone coraje ciudadano y político. Es tiempo de dejar de lado algunas ataduras que nos impiden discutirlo con profundidad. Mientras no podamos meternos de lleno en ese debate, seguiremos padeciendo sus consecuencias y siendo simplemente meros observadores de este círculo vicioso que nos propone el gasto estatal.
Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
03783 – 15602694
Corrientes – Corrientes - Argentina
Es que el Estado se financia irremediablemente recurriendo a mecanismos que se derivan de ese trípode que conforman la emisión monetaria, los impuestos y el endeudamiento.
Estas formas de sostener económicamente al Estado se combinan a diario para satisfacer no solo la desmedida vocación de poder de los políticos de turno, sino también para dar rienda suelta a los infantiles caprichos de la ideología imperante. Todo esto solo se logra con la imprescindible complicidad de ese renovado acuerdo ciudadano, que manifiesta expresamente su voluntad en cada elección y en cada discurso. Esto NO es mérito solo de políticos que conveniente y funcionalmente se pliegan con entusiasmo a esa retórica.
Mucha gente defiende el Estado del Bienestar. Esas ideas imaginan un Estado fuerte. Quieren que el Estado se ocupe de todo, absolutamente de todo. No se dan cuenta que además de perder libertades al ceder derechos cotidianamente, a eso agregan, la fuerza expoliadora de un Estado devorador de recursos, que cumple con ese mandato, que intenta hacer todo lo que la sociedad le pide, incluso perjudicarla.
Algunos ilusos prefieren creer, que en realidad sus ideas son las correctas, pero que solo han caído, circunstancialmente, en manos de algunos funcionarios corruptos e inútiles que administran mal los recursos que se les confían.
La eficiencia es, en esencia, incompatible con la gestión pública. En todo caso es posible ser más cuidadoso en el uso de los recursos. La eficiencia tantas veces recitada, ha sido utilizada sistemáticamente como "caballito de batalla", como promesa electoral, como mera cuestión retórica, para convencernos que solo enfrentamos un problema de gestión y no de ideas incorrectas. Es el argumento político preferido por lo simple, para decir que quieren manejar la caja que hoy manejan otros.
Cada político, opositor al oficialismo de turno, nos quiere convencer de que "él lo hará mejor y será más eficiente", respetando el sacrificio de los contribuyentes. Nuestra historia dice todo lo contrario.
No solo no lo logran, sino que debutan inexorablemente emitiendo, proponiendo un nuevo impuesto o planteando la necesidad de endeudarse una vez más. Cuesta recordar un gobierno nacional, provincial o municipal que se anime a plantear la reducción del gasto estatal, intentando reducir la carga que soporta el ciudadano medio.
Siempre habrá una buena excusa para aumentar impuestos o endeudarse. Alguna obra de infraestructura que encarar, algún reajuste salarial prometido a los sindicatos, o simplemente pagar los vencimientos de la abultada deuda que dejo el gobernante anterior.
Nadie habla de achicar el Estado, de reducir cientos de oficinas que no cumplen función alguna, de limitar los dineros que se dilapidan a diario, muchas veces rozando la obscenidad, frente a una sociedad que lucha poniendo el cuerpo todos los días en busca del sustento para sus familias.
Es una paradoja que en medio de tanta precariedad, tengamos un Estado rico que se ufana groseramente de su superavit, como si ese fuera un valor moral, pero que para ello explota con sus impuestos a los ciudadanos de los que se nutre para sostener su parasitaria estructura, que solo puede dar cátedra de abulia, pereza y conformismo.
Podemos discutir hasta el cansancio acerca de porque tal o cual otro impuesto es inmoral o quejarnos por esta inflación tan destructiva que se ha posado sobre esta sociedad. Incluso podemos enojarnos por esa deuda que debemos pagar solidariamente por la irresponsabilidad de vaya a saber que cantidad de generaciones de dirigentes.
Lo concreto es que todos los partidos políticos tienen brillantes ideas para un Estado cada vez más poderoso. Sus cerebros son productores en serie, de ocurrencias que solo prevén partidas presupuestarias adicionales que las pagará, de alguna manera, el siempre disponible contribuyente. O será un impuesto nuevo que lo abonará directa o indirectamente, o la suba de alguno que ya existe. Otra variante será pagar esa nueva genialidad, con la inflación que el Estado genera cuando emite graciosamente para sostener sus perversos mecanismos de poder. Ahora pretenden, además, convencernos de que no solo se puede crecer con inflación sino, que hasta es bueno tener algo de ella.
De la deuda ya sabemos bastante. Nos vanagloriamos, de vez en cuando, de que somos capaces de no pagarla, y además la juzgamos de inmoral pese a habernos gastado el dinero. Total, siempre tendrán la responsabilidad otros ineficientes y corruptos que estuvieron antes que el gobernante actual.
Mientras no seamos capaces de debatir seriamente acerca de lo que le corresponde al Estado hacer y lo que no es su ámbito, seguiremos discutiendo SOLAMENTE como financiarlo. Una discusión importante a la que debemos poder llegar sin tantos prejuicios. Debemos abandonar el paradigma de que debemos producir, trabajar, generar riqueza para que el Estado voraz, desordenado y desprolijo que hemos sabido engendrar, despilfarre nuestros esfuerzos con absoluta impunidad.
Abordar esta cuestión supone coraje ciudadano y político. Es tiempo de dejar de lado algunas ataduras que nos impiden discutirlo con profundidad. Mientras no podamos meternos de lleno en ese debate, seguiremos padeciendo sus consecuencias y siendo simplemente meros observadores de este círculo vicioso que nos propone el gasto estatal.
Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
03783 – 15602694
Corrientes – Corrientes - Argentina
lunes, 1 de septiembre de 2008
Julio Cobos, mi mamá, el enano golpista y el ser nacional
Eran las 9 de la mañana del jueves 17 de julio, y yo estaba a punto de desayunar luego de una larga noche en la que no pegué un ojo: primero por quedarme a ver el debate en el Senado hasta el final y después porque no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Madre, que vive enfrente, salió de su casa, cruzó la calle, subió la escalera y golpeó mi puerta. No había terminado de entrar, cuando me preguntó:
—¿Y ahora a quién van a poner de presidente?
—A nadie —le contesté.
—Pero perdió, se tiene que ir...
Madre es golpista: quiere que Cristina Kirchner se vaya, y no había manera de hacerle entender que no se iba a ir, que sólo le habían votado en contra una ley en el Congreso, que eso pasa en todo el mundo, todos los días, y los gobiernos siguen y no se va nadie. Y que hasta el 2011 ella va a ser nuestra presidenta, y que no es cuestión de andar sacando y poniendo presidentes, que a los presidentes se los elige votando. Cuando al fin lo entendió, respiré aliviada: ¡un golpista menos, en este país tan lleno de gente que quiere voltear gobiernos! Y sí, somos muchos. Los del Monumento a la Bandera el 20 de junio, los del acto en Palermo el 15 de julio, los diputados y senadores que votaron en contra el 17 a la madrugada y el lord desestabilizador mayor, el “más pior” de todos: el vicepresidente Julio Cobos. Somos demasiados, y por su fuéramos pocos se nos han sumado algunos oportunistas, de esos que nunca faltan cuando de conseguir réditos políticos se trata...
Fiel a su costumbre de tener la última palabra, madre insistió con que los que habían perdido tenían que irse y yo me quedé pensando que, salvando las distancias, ella estaba haciendo lo mismo que muchos analistas políticos y periodistas: reducir la cuestión a una contienda con vencedores y vencidos. Se habla de la “derrota” del gobierno como si la presidenta y su gabinete volvieran de perder en Vilcapugio y Ayohuma, cuando en realidad tuvieron un traspié legislativo que, dadas las circunstancias, era totalmente previsible. Pero el gobierno todavía está a tiempo de rehabilitarse frente a la sociedad: sólo tiene que hacer una autocrítica profunda y honesta, y escuchar las voces de los que intentan hacerle ver en qué está fallando.
También debe entender, el gobierno, que nuestra democracia está creciendo y ya no queremos líderes omnipotentes que nos traten como a chicos y nos marquen el rumbo con el índice en alto. Queremos ser partícipes, queremos empezar a hacer notar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, queremos, los del interior, que los funcionarios nacionales no tomen decisiones desde allá sin conocer lo que pasa acá.
El enfrentamiento entre el gobierno y el campo, o como se quiera llamar lo que pasó durante los últimos cuatro meses, nos ha venido muy bien a los argentinos para aprender unas cuántas cosas. Hoy sabemos qué son las retenciones y cómo se aplican, que son los pools de siembra, qué se produce en las distintas regiones del país, qué diferencias hay entre un productor de la pampa húmeda y uno del noroeste, y hasta cuánto rinde la hectárea de soja en cada región. Sabemos, porque lo hemos visto funcionando a pleno, que el Congreso existe, es importante y tiene facultades que no debería delegar nunca más, porque es allí donde están representadas las provincias. Sabemos que, así como se les ha negado a los militares, con toda razón, el recurso de ampararse en la obediencia debida, no se les puede pedir a los senadores oficialistas que voten por obediencia partidaria en cuestiones que involucran a las provincias que representan. Y sabemos, también, para qué sirve un vicepresidente, porque convengamos que la mayoría teníamos la impresión de que era sólo el suplente del presidente, un adorno, casi.
Pero Julio Cobos pateó el tablero y nos demostró que a veces uno puede, y debe, disentir desde adentro, y que eso no es el fin del mundo. Si la presidenta lo piensa bien, su vicepresidente hizo por ella mucho más que todo su gabinete, y que su marido: le tranquilizó el país; los ánimos se distendieron como por arte de magia, y a casi todos nos invadió la sensación de que alguien, o algo, había recuperado el control de una situación que amenazaba con desbocarse.
¿Cobos es un traidor, un desestabilizador? ¿El país está lleno de golpistas? Mejor sería que en el Ejecutivo se dejaran de buscarle el pelo al huevo y de ver fantasmas donde no los hay: los que pensamos distintos no somos golpistas, sólo pensamos distinto, nomás.
Nos debemos una mirada crítica, los argentinos, y no sólo respecto a este conflicto sino a todo lo que pasa y ha pasado en el país.
¿Qué nos molesta de los Kirchner: que sean “zurdos”, o que gobiernen mal? A mí, poco me importa sin son zurdos, derechos o ambidiestros: quiero que hagan bien las cosas y espero que a su gobierno le vaya muy bien, porque entonces a mí también me irá bien. No me molesta, como a algunos, su defensa de los derechos humanos, ni la reivindicación de la memoria, ni que juzguen a los militares: la barbarie debe ser castigada. Pero también me hubiera gustado que estuvieran presos los jefes guerrilleros, que llevaron a tantos jóvenes a empuñar las armas por una “patria socialista” que la mayoría de los argentinos no quería. La generación de los 70 estaba llena de ideales: yo viví en esa época, y si bien era chica (nací en 1960) pude ver a muchos de los que tenían cinco, seis años más que yo, involucrarse con la gente y sus necesidades en las villas, en las escuelas, en el gremio. Se hablaba de política en las universidades, en las fábricas, en la calle, a tono con lo que pasaba en el resto del mundo. Pero algunos decidieron ir más allá, tomaron las armas y lo que vino después, en ese momento y en ese contexto social y político, era previsible: teníamos militares acostumbrados a cumplir órdenes y cuando se les ordenó aniquilar a la subversión, no escatimaron ningún recurso a su alcance, por ilegal o monstruoso que fuera; teníamos militares adoctrinados para ver comunistas hasta en la sopa, y a los que no vieron, los inventaron; teníamos militares acostumbrados a desalojar gobiernos, y bastante gente acostumbrada a pedirles que lo hicieran. Eso hemos sido, nos guste o no: los golpes militares no salen de un repollo, los gesta y los alumbra la sociedad, o una parte de ella. Creo que si la guerrilla hubiera tenido el suficiente apoyo popular podría haber triunfado, pero el argentino medio prefería que los fusiles los tuviera el ejército, que le merecía más confianza. No lo digo yo, lo dice nuestra historia: el comunismo, acá, no tuvo ni tendrá terreno fértil para echar raíces. Desde el más pobre al más rico, todos queremos tener lo nuestro, todos somos partidarios de la propiedad privada y de las libertades individuales.
Hasta 1982, fuimos un país con tradición golpista. Desde 1983, somos un país democrático: la letra entró con sangre, y hoy no hay ninguna posibilidad de que renunciemos a la democracia para dejar el gobierno en manos de los militares, ni de un dictador. Pero que seamos democráticos no significa que no podamos disentir con el gobierno; es más, lo saludable sería que controláramos mucho más a nuestros gobernantes, recordándoles constantemente que tienen la obligación de manejarse dentro de la ley y poniendo el bien común (común quiere decir “de todos”) por encima de sus postulados ideológicos.
Para que la democracia funcione bien debe haber independencia de poderes. ¿Por qué no creemos en la justicia? ¿No será que la justicia no está dando las respuestas que la gente necesita? ¿Por qué tenemos la sensación de que el Congreso no funciona bien, de que los legisladores no trabajan como deberían?
Para que la democracia funcione bien, los partidos políticos deben funcionar bien. Y no lo hacen: nuestros partidos políticos se atomizan por el exceso de personalismo, pero por sobre todo porque no hay internas y el que no está de acuerdo con las conducciones elegidas a dedo, tiene que armar su lista por afuera. ¿Quién lo eligió a Néstor Kirchner presidente del Partido Justicialista? ¿Qué interna ganó nuestra presidenta para ser candidata? ¿Cómo es posible que en cada elección tengamos varios candidatos del mismo partido, pero en listas distintas?
Última reflexión. Todos necesitamos que al país le vaya bien. Todos queremos lo mejor para el país. Todos queremos justicia. El que piensa distinto no es malo ni bueno por eso; está en la vereda de enfrente, nomás, pero mientras no empuñe un arma contra otro argentino, mientras cumpla con sus obligaciones, mientras sea honesto, mientras respete la ley, todo lo demás se puede discutir.
Sí, nos debemos una mirada crítica, los argentinos.
Graciela Fernández
Escritora - Río Ceballos - Córdoba - Argentina
http://www.terincollado.blogspot.com
—¿Y ahora a quién van a poner de presidente?
—A nadie —le contesté.
—Pero perdió, se tiene que ir...
Madre es golpista: quiere que Cristina Kirchner se vaya, y no había manera de hacerle entender que no se iba a ir, que sólo le habían votado en contra una ley en el Congreso, que eso pasa en todo el mundo, todos los días, y los gobiernos siguen y no se va nadie. Y que hasta el 2011 ella va a ser nuestra presidenta, y que no es cuestión de andar sacando y poniendo presidentes, que a los presidentes se los elige votando. Cuando al fin lo entendió, respiré aliviada: ¡un golpista menos, en este país tan lleno de gente que quiere voltear gobiernos! Y sí, somos muchos. Los del Monumento a la Bandera el 20 de junio, los del acto en Palermo el 15 de julio, los diputados y senadores que votaron en contra el 17 a la madrugada y el lord desestabilizador mayor, el “más pior” de todos: el vicepresidente Julio Cobos. Somos demasiados, y por su fuéramos pocos se nos han sumado algunos oportunistas, de esos que nunca faltan cuando de conseguir réditos políticos se trata...
Fiel a su costumbre de tener la última palabra, madre insistió con que los que habían perdido tenían que irse y yo me quedé pensando que, salvando las distancias, ella estaba haciendo lo mismo que muchos analistas políticos y periodistas: reducir la cuestión a una contienda con vencedores y vencidos. Se habla de la “derrota” del gobierno como si la presidenta y su gabinete volvieran de perder en Vilcapugio y Ayohuma, cuando en realidad tuvieron un traspié legislativo que, dadas las circunstancias, era totalmente previsible. Pero el gobierno todavía está a tiempo de rehabilitarse frente a la sociedad: sólo tiene que hacer una autocrítica profunda y honesta, y escuchar las voces de los que intentan hacerle ver en qué está fallando.
También debe entender, el gobierno, que nuestra democracia está creciendo y ya no queremos líderes omnipotentes que nos traten como a chicos y nos marquen el rumbo con el índice en alto. Queremos ser partícipes, queremos empezar a hacer notar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, queremos, los del interior, que los funcionarios nacionales no tomen decisiones desde allá sin conocer lo que pasa acá.
El enfrentamiento entre el gobierno y el campo, o como se quiera llamar lo que pasó durante los últimos cuatro meses, nos ha venido muy bien a los argentinos para aprender unas cuántas cosas. Hoy sabemos qué son las retenciones y cómo se aplican, que son los pools de siembra, qué se produce en las distintas regiones del país, qué diferencias hay entre un productor de la pampa húmeda y uno del noroeste, y hasta cuánto rinde la hectárea de soja en cada región. Sabemos, porque lo hemos visto funcionando a pleno, que el Congreso existe, es importante y tiene facultades que no debería delegar nunca más, porque es allí donde están representadas las provincias. Sabemos que, así como se les ha negado a los militares, con toda razón, el recurso de ampararse en la obediencia debida, no se les puede pedir a los senadores oficialistas que voten por obediencia partidaria en cuestiones que involucran a las provincias que representan. Y sabemos, también, para qué sirve un vicepresidente, porque convengamos que la mayoría teníamos la impresión de que era sólo el suplente del presidente, un adorno, casi.
Pero Julio Cobos pateó el tablero y nos demostró que a veces uno puede, y debe, disentir desde adentro, y que eso no es el fin del mundo. Si la presidenta lo piensa bien, su vicepresidente hizo por ella mucho más que todo su gabinete, y que su marido: le tranquilizó el país; los ánimos se distendieron como por arte de magia, y a casi todos nos invadió la sensación de que alguien, o algo, había recuperado el control de una situación que amenazaba con desbocarse.
¿Cobos es un traidor, un desestabilizador? ¿El país está lleno de golpistas? Mejor sería que en el Ejecutivo se dejaran de buscarle el pelo al huevo y de ver fantasmas donde no los hay: los que pensamos distintos no somos golpistas, sólo pensamos distinto, nomás.
Nos debemos una mirada crítica, los argentinos, y no sólo respecto a este conflicto sino a todo lo que pasa y ha pasado en el país.
¿Qué nos molesta de los Kirchner: que sean “zurdos”, o que gobiernen mal? A mí, poco me importa sin son zurdos, derechos o ambidiestros: quiero que hagan bien las cosas y espero que a su gobierno le vaya muy bien, porque entonces a mí también me irá bien. No me molesta, como a algunos, su defensa de los derechos humanos, ni la reivindicación de la memoria, ni que juzguen a los militares: la barbarie debe ser castigada. Pero también me hubiera gustado que estuvieran presos los jefes guerrilleros, que llevaron a tantos jóvenes a empuñar las armas por una “patria socialista” que la mayoría de los argentinos no quería. La generación de los 70 estaba llena de ideales: yo viví en esa época, y si bien era chica (nací en 1960) pude ver a muchos de los que tenían cinco, seis años más que yo, involucrarse con la gente y sus necesidades en las villas, en las escuelas, en el gremio. Se hablaba de política en las universidades, en las fábricas, en la calle, a tono con lo que pasaba en el resto del mundo. Pero algunos decidieron ir más allá, tomaron las armas y lo que vino después, en ese momento y en ese contexto social y político, era previsible: teníamos militares acostumbrados a cumplir órdenes y cuando se les ordenó aniquilar a la subversión, no escatimaron ningún recurso a su alcance, por ilegal o monstruoso que fuera; teníamos militares adoctrinados para ver comunistas hasta en la sopa, y a los que no vieron, los inventaron; teníamos militares acostumbrados a desalojar gobiernos, y bastante gente acostumbrada a pedirles que lo hicieran. Eso hemos sido, nos guste o no: los golpes militares no salen de un repollo, los gesta y los alumbra la sociedad, o una parte de ella. Creo que si la guerrilla hubiera tenido el suficiente apoyo popular podría haber triunfado, pero el argentino medio prefería que los fusiles los tuviera el ejército, que le merecía más confianza. No lo digo yo, lo dice nuestra historia: el comunismo, acá, no tuvo ni tendrá terreno fértil para echar raíces. Desde el más pobre al más rico, todos queremos tener lo nuestro, todos somos partidarios de la propiedad privada y de las libertades individuales.
Hasta 1982, fuimos un país con tradición golpista. Desde 1983, somos un país democrático: la letra entró con sangre, y hoy no hay ninguna posibilidad de que renunciemos a la democracia para dejar el gobierno en manos de los militares, ni de un dictador. Pero que seamos democráticos no significa que no podamos disentir con el gobierno; es más, lo saludable sería que controláramos mucho más a nuestros gobernantes, recordándoles constantemente que tienen la obligación de manejarse dentro de la ley y poniendo el bien común (común quiere decir “de todos”) por encima de sus postulados ideológicos.
Para que la democracia funcione bien debe haber independencia de poderes. ¿Por qué no creemos en la justicia? ¿No será que la justicia no está dando las respuestas que la gente necesita? ¿Por qué tenemos la sensación de que el Congreso no funciona bien, de que los legisladores no trabajan como deberían?
Para que la democracia funcione bien, los partidos políticos deben funcionar bien. Y no lo hacen: nuestros partidos políticos se atomizan por el exceso de personalismo, pero por sobre todo porque no hay internas y el que no está de acuerdo con las conducciones elegidas a dedo, tiene que armar su lista por afuera. ¿Quién lo eligió a Néstor Kirchner presidente del Partido Justicialista? ¿Qué interna ganó nuestra presidenta para ser candidata? ¿Cómo es posible que en cada elección tengamos varios candidatos del mismo partido, pero en listas distintas?
Última reflexión. Todos necesitamos que al país le vaya bien. Todos queremos lo mejor para el país. Todos queremos justicia. El que piensa distinto no es malo ni bueno por eso; está en la vereda de enfrente, nomás, pero mientras no empuñe un arma contra otro argentino, mientras cumpla con sus obligaciones, mientras sea honesto, mientras respete la ley, todo lo demás se puede discutir.
Sí, nos debemos una mirada crítica, los argentinos.
Graciela Fernández
Escritora - Río Ceballos - Córdoba - Argentina
http://www.terincollado.blogspot.com
sábado, 30 de agosto de 2008
NUEVA CAMPAÑA!
Finalmente, luego de algunas dificultades técnicas, lanzamos la segunda campaña de Democracia Directa, con el anhelo de multiplicar los efectos de la anterior campaña.
En este caso, nuestra campaña se refiere a los Superpoderes y a los decretos de Necesidad y Urgencia, para hacerle saber a nuestros legisladores que nos interesan y preocupan esos remanentes de la vieja política.
Los superpoderes se han utilizado para castigar a los funcionarios díscolos y premiar a los obsecuentes. De acuerdo a la ley de administración financiera, el presupuesto Nacional tiene el objeto que se discutan las prioridades de asignación presupuestaria por los representantes de los ciudadanos y las provincias.
En tanto, los decretos de necesidad y urgencia, nunca han sido reglamentados ni revisados por el Congreso, de acuerdo a lo que estipula la Constitución de 1994. Esto hace que sean herramientas políticas de dudosa legitimidad, y que aporten a la inseguridad jurídica de nuestro país.
Como siempre, esperamos que ustedes sean los difusores de la idea,y hagan llegar la propuesta a la mayor cantidad de conocidos posibles, de forma tal de hacer una campaña efectiva y masiva, para que no nos den más una democracia de cartón.
En este caso, nuestra campaña se refiere a los Superpoderes y a los decretos de Necesidad y Urgencia, para hacerle saber a nuestros legisladores que nos interesan y preocupan esos remanentes de la vieja política.
Los superpoderes se han utilizado para castigar a los funcionarios díscolos y premiar a los obsecuentes. De acuerdo a la ley de administración financiera, el presupuesto Nacional tiene el objeto que se discutan las prioridades de asignación presupuestaria por los representantes de los ciudadanos y las provincias.
En tanto, los decretos de necesidad y urgencia, nunca han sido reglamentados ni revisados por el Congreso, de acuerdo a lo que estipula la Constitución de 1994. Esto hace que sean herramientas políticas de dudosa legitimidad, y que aporten a la inseguridad jurídica de nuestro país.
Como siempre, esperamos que ustedes sean los difusores de la idea,y hagan llegar la propuesta a la mayor cantidad de conocidos posibles, de forma tal de hacer una campaña efectiva y masiva, para que no nos den más una democracia de cartón.
lunes, 7 de julio de 2008
Excelente Artículo
Luego de más de 100 días de marchas y contramarchas en relación con el conflicto sostenido entre el Gobierno y los Productores Agropecuarios, a raíz de la inconstitucional implementación de retenciones móviles sobre la exportación de soja, trigo, maíz y girasol, mediante Resolución (ME) Nº 125 de fecha 11/03/2008, hemos llegado al "punto de inflexión" en dicha confrontación desde el momento en que se le dio tardía participación en la misma al Congreso de la Nación.
Una serie de consideraciones pueden efectuarse en relación con el tema, pero, con el propósito de no perdernos en una maraña de aspectos sociales, políticos, ideológicos, económicos y psicológicos, es oportuno resaltar la conveniencia de circunscribirnos, exclusivamente, a consideraciones de índole jurídica y que son, las que deberían articularse con la finalidad de obtener una solución adecuada al conflicto planteado con posibilidades reales de éxito.
No debe perderse de vista que el campo y su dirigencia han sido irrevocablemente nominados por el Gobierno para hacerse cargo de todos los males que aquejan a la economía argentina y, a su vez, de la preocupante proyección de la misma en el tiempo. Aunque fácilmente se advierte que estos males, no son otra cosa que la consecuencia del desgobierno que venimos padeciendo desde tiempo atrás, incluida -obviamente- la administración de Néstor Kirchner.
El campo y sus dirigentes deberán hacerse cargo, sin importar el resultado del
conflicto, en virtud de la precitada nominación oficialista, de la prolongación en el tiempo de la confrontación "campo-gobierno", de la inflación evidenciada a la fecha, de la mentira oficial respecto de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la total desaceleración de la economía, de la disminución de la recaudación oficial, del menor superávit fiscal, de las consecuencias de una desacertada política energética, de la suba de las tasas de interés (producto en realidad, de la fuga de capitales y de la caída de las reservas con motivo del conflicto), de la falta de inversión externa, de una recesión imparable con efecto
multiplicador preocupante en todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería y las economías regionales. Ciclópea "mochila" para el agro.
Se habla de diálogo. Y es, verdaderamente, lo que toda la sociedad reclama. Pero el diálogo requerido por la civilidad no es el mismo que el ofrecido por el oficialismo. Por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El requerido es un diálogo abierto sin subterfugios, y el ofrecido es un diálogo condicionado y gatopardista. Diálogo en el cual, todo cambia para que no cambie absolutamente nada. Peor aún, en este caso, "diálogo" es equivalente a "trampa" para el campo.
Mantener un diálogo como el ofrecido es, indudablemente, caer en una trampa política oficialista que denota una factura burda, hasta grotesca, pero no porque la construcción de la misma sea fácilmente detectable como rudimentaria y torpe, debe menospreciarse o no reconocerse su eficiencia en la consecución de los fines para los que fuera creada.
La mayoría del oficialismo en las bancas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, le otorga al Gobierno "patente de corso" para el tratamiento de las retenciones móviles, sea que se las trate a libro cerrado, o que se las abra a un tratamiento deliberativo sin condicionamientos. Al momento de las votaciones, el oficialismo hará valer el peso de las mayorías que ostenta en el ámbito legislativo. Lo expuesto, en distintas circunstancias se ha evidenciado, y como ha sido por otros sostenido, perder es un verbo que el peronismo no está
acostumbrado a conjugar.
Ello es indiscutible, y no puede esperarse otra cosa desde un punto de vista racional. Dicho de otro modo, "alea jacta est", es decir, la suerte está echada en la forzada etapa parlamentaria de este conflicto.
Sin dejar de lado el supuesto "debate" en sede legislativa en busca de un supuesto "consenso", con el propósito de auscultar la actitud a seguir por parte del Gobierno, surge como imprescindible que se adopten simultáneamente, urgentes medidas tendientes a encontrar una solución definitiva al conflicto, mediante la indefectible e insoslayable participación del Poder Judicial.
Desde este punto de vista, el texto del email conteniendo el petitorio a Senadores y Diputados, en sus puntos 1. y 2., claramente enfoca y resalta cuales son los dos aspectos fundamentales a tener presente en el debate sobre la procedencia de las retenciones móviles, aspectos estos que se anteponen e incluso excluyen, cualquier otro tipo de planteo sobre la cuestión. A saber:
(a.). La inconstitucionalidad de la norma en su esencia, en razón de no haber sido emanada del Poder Legislativo, que es el que cuenta con facultades constitucionales que le son exclusivas para legislar sobre derechos de exportación (mal llamados retenciones).
(b.). La inconstitucionalidad de la norma en su contenido, en razón de establecer porcentajes confiscatorios en concepto de derechos de exportación, en flagrante contraposición a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una norma viciada de nulidad absoluta e insanable, no existe como acto jurídico válido. ¿Cómo puede entonces, un acto jurídico nulo e insanable por las razones
expuestas, ser remitido a consideración del Poder Legislativo para su ratificación? Peor aún, ¿Cómo puede solicitarse la ratificación de un acto jurídico nulo e insanable, y en caso de no prosperar aquella, aspirar a que dicho acto continúe surtiendo efectos jurídicos de todas maneras?
La acción derivada de una nulidad absoluta no es prescriptible; esta solución -sostiene Borda- "surge necesariamente de la inconfirmabilidad de la acción, pues de aceptarse la prescripción se podría llegar por esa vía a la confirmación tácita. Por lo demás, lo que es inmoral, lo que es contrario a los intereses públicos, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo." Los procedimientos oficiales implementados, repugnan los principios elementales del Derecho.
Quienes tienen la función y el deber de conducir el Estado Nacional, no hacen una normal, coherente, consecuente y seria aplicación de las normas que lo rigen. De esta manera, se constituyen en una suerte de pretores romanos -con la salvedad de la distancia histórica- que tuercen, moldean, quiebran, trastocan y ejecutan los textos ordenatorios de la vida institucional a partir de su antojo y/o conveniencia, y dependiendo de a quien deban aplicarse los mismos; sean estos adherentes a la causa, o sean estos disidentes, a quienes no duda el Gobierno en calificar de golpistas, desestabilizadores, antidemocráticos y antipatrióticos.
La continua sucesión, reiteración de estos procedimientos, la flagrante violación de derechos de raigambre constitucional, la negación de jurisprudencia pacífica y feiterada de la Corte Suprema de Justicia, y la actitud corporativa -si cabe el término- evidenciada por el oficialismo, conlleva a que los productores agropecuarios formulen sus peticiones a partir de la vía judicial y reclamen así, la defensa de sus derechos e intereses.
La inconstitucionalidad de la norma, es el fundamento insustituible que aporta una solución definitiva al problema de la procedencia, o no, de las retenciones móviles a la exportación de granos.
Si el tratamiento de las retenciones móviles en contra del campo fracasa en el Poder Legislativo, siempre quedará, a favor de los ruralistas, la opción de atacar la ley que de dicho poder emane, casualmente, por su condición de inconstitucional, pero a raíz de ello, el campo y sus dirigentes tendrán que hacerse cargo también, injustificadamente por cierto, de la eventual acusación que se les formulará de continuar prolongando el conflicto "sine die", en razón de la irrevocable nominación a que el Gobierno los sometiera, y con el inevitable desprestigio que ello implicaría ante la opinión pública.
Cr. Oreste Marchiaro
D.N.I. 10.219.286
S. M. de Tucuman
Una serie de consideraciones pueden efectuarse en relación con el tema, pero, con el propósito de no perdernos en una maraña de aspectos sociales, políticos, ideológicos, económicos y psicológicos, es oportuno resaltar la conveniencia de circunscribirnos, exclusivamente, a consideraciones de índole jurídica y que son, las que deberían articularse con la finalidad de obtener una solución adecuada al conflicto planteado con posibilidades reales de éxito.
No debe perderse de vista que el campo y su dirigencia han sido irrevocablemente nominados por el Gobierno para hacerse cargo de todos los males que aquejan a la economía argentina y, a su vez, de la preocupante proyección de la misma en el tiempo. Aunque fácilmente se advierte que estos males, no son otra cosa que la consecuencia del desgobierno que venimos padeciendo desde tiempo atrás, incluida -obviamente- la administración de Néstor Kirchner.
El campo y sus dirigentes deberán hacerse cargo, sin importar el resultado del
conflicto, en virtud de la precitada nominación oficialista, de la prolongación en el tiempo de la confrontación "campo-gobierno", de la inflación evidenciada a la fecha, de la mentira oficial respecto de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la total desaceleración de la economía, de la disminución de la recaudación oficial, del menor superávit fiscal, de las consecuencias de una desacertada política energética, de la suba de las tasas de interés (producto en realidad, de la fuga de capitales y de la caída de las reservas con motivo del conflicto), de la falta de inversión externa, de una recesión imparable con efecto
multiplicador preocupante en todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería y las economías regionales. Ciclópea "mochila" para el agro.
Se habla de diálogo. Y es, verdaderamente, lo que toda la sociedad reclama. Pero el diálogo requerido por la civilidad no es el mismo que el ofrecido por el oficialismo. Por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El requerido es un diálogo abierto sin subterfugios, y el ofrecido es un diálogo condicionado y gatopardista. Diálogo en el cual, todo cambia para que no cambie absolutamente nada. Peor aún, en este caso, "diálogo" es equivalente a "trampa" para el campo.
Mantener un diálogo como el ofrecido es, indudablemente, caer en una trampa política oficialista que denota una factura burda, hasta grotesca, pero no porque la construcción de la misma sea fácilmente detectable como rudimentaria y torpe, debe menospreciarse o no reconocerse su eficiencia en la consecución de los fines para los que fuera creada.
La mayoría del oficialismo en las bancas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, le otorga al Gobierno "patente de corso" para el tratamiento de las retenciones móviles, sea que se las trate a libro cerrado, o que se las abra a un tratamiento deliberativo sin condicionamientos. Al momento de las votaciones, el oficialismo hará valer el peso de las mayorías que ostenta en el ámbito legislativo. Lo expuesto, en distintas circunstancias se ha evidenciado, y como ha sido por otros sostenido, perder es un verbo que el peronismo no está
acostumbrado a conjugar.
Ello es indiscutible, y no puede esperarse otra cosa desde un punto de vista racional. Dicho de otro modo, "alea jacta est", es decir, la suerte está echada en la forzada etapa parlamentaria de este conflicto.
Sin dejar de lado el supuesto "debate" en sede legislativa en busca de un supuesto "consenso", con el propósito de auscultar la actitud a seguir por parte del Gobierno, surge como imprescindible que se adopten simultáneamente, urgentes medidas tendientes a encontrar una solución definitiva al conflicto, mediante la indefectible e insoslayable participación del Poder Judicial.
Desde este punto de vista, el texto del email conteniendo el petitorio a Senadores y Diputados, en sus puntos 1. y 2., claramente enfoca y resalta cuales son los dos aspectos fundamentales a tener presente en el debate sobre la procedencia de las retenciones móviles, aspectos estos que se anteponen e incluso excluyen, cualquier otro tipo de planteo sobre la cuestión. A saber:
(a.). La inconstitucionalidad de la norma en su esencia, en razón de no haber sido emanada del Poder Legislativo, que es el que cuenta con facultades constitucionales que le son exclusivas para legislar sobre derechos de exportación (mal llamados retenciones).
(b.). La inconstitucionalidad de la norma en su contenido, en razón de establecer porcentajes confiscatorios en concepto de derechos de exportación, en flagrante contraposición a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una norma viciada de nulidad absoluta e insanable, no existe como acto jurídico válido. ¿Cómo puede entonces, un acto jurídico nulo e insanable por las razones
expuestas, ser remitido a consideración del Poder Legislativo para su ratificación? Peor aún, ¿Cómo puede solicitarse la ratificación de un acto jurídico nulo e insanable, y en caso de no prosperar aquella, aspirar a que dicho acto continúe surtiendo efectos jurídicos de todas maneras?
La acción derivada de una nulidad absoluta no es prescriptible; esta solución -sostiene Borda- "surge necesariamente de la inconfirmabilidad de la acción, pues de aceptarse la prescripción se podría llegar por esa vía a la confirmación tácita. Por lo demás, lo que es inmoral, lo que es contrario a los intereses públicos, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo." Los procedimientos oficiales implementados, repugnan los principios elementales del Derecho.
Quienes tienen la función y el deber de conducir el Estado Nacional, no hacen una normal, coherente, consecuente y seria aplicación de las normas que lo rigen. De esta manera, se constituyen en una suerte de pretores romanos -con la salvedad de la distancia histórica- que tuercen, moldean, quiebran, trastocan y ejecutan los textos ordenatorios de la vida institucional a partir de su antojo y/o conveniencia, y dependiendo de a quien deban aplicarse los mismos; sean estos adherentes a la causa, o sean estos disidentes, a quienes no duda el Gobierno en calificar de golpistas, desestabilizadores, antidemocráticos y antipatrióticos.
La continua sucesión, reiteración de estos procedimientos, la flagrante violación de derechos de raigambre constitucional, la negación de jurisprudencia pacífica y feiterada de la Corte Suprema de Justicia, y la actitud corporativa -si cabe el término- evidenciada por el oficialismo, conlleva a que los productores agropecuarios formulen sus peticiones a partir de la vía judicial y reclamen así, la defensa de sus derechos e intereses.
La inconstitucionalidad de la norma, es el fundamento insustituible que aporta una solución definitiva al problema de la procedencia, o no, de las retenciones móviles a la exportación de granos.
Si el tratamiento de las retenciones móviles en contra del campo fracasa en el Poder Legislativo, siempre quedará, a favor de los ruralistas, la opción de atacar la ley que de dicho poder emane, casualmente, por su condición de inconstitucional, pero a raíz de ello, el campo y sus dirigentes tendrán que hacerse cargo también, injustificadamente por cierto, de la eventual acusación que se les formulará de continuar prolongando el conflicto "sine die", en razón de la irrevocable nominación a que el Gobierno los sometiera, y con el inevitable desprestigio que ello implicaría ante la opinión pública.
Cr. Oreste Marchiaro
D.N.I. 10.219.286
S. M. de Tucuman
viernes, 4 de julio de 2008
Nobleza Obliga (II)
Siguen llegando adhesiones de legisladores opositores.
Estimados,
Muchas gracias por su mail. Para mi es importante escuchar su opinión y postura.
En esta ocasión tengo bien en claro que no estoy de acuerdo con la resolución 125, por su forma y fondo. Es anti-constitucional y además las retenciones del 35% son excesivas y castigan al productor.
Sin embargo, el país está en una crisis y debemos buscar una solución rápida al conflicto. Hoy en día es importante recuperar la República y lograr un acuerdo para salir de la crisis, por lo que sería importante volver a la situación del 10 de marzo.
Quisiera felicitarlo por su compromiso cívico, con más ciudadanos comprometidos como usted, el país estaría mejor.
Quedo a su disposición y espero que nos acompañe con una oración por la paz y unidad del país.
Saludos cordiales,
Cynthia Hotton
Diputada de la Nación
www.cynthiahotton.blogspot.com
Estimados,
Muchas gracias por su mail. Para mi es importante escuchar su opinión y postura.
En esta ocasión tengo bien en claro que no estoy de acuerdo con la resolución 125, por su forma y fondo. Es anti-constitucional y además las retenciones del 35% son excesivas y castigan al productor.
Sin embargo, el país está en una crisis y debemos buscar una solución rápida al conflicto. Hoy en día es importante recuperar la República y lograr un acuerdo para salir de la crisis, por lo que sería importante volver a la situación del 10 de marzo.
Quisiera felicitarlo por su compromiso cívico, con más ciudadanos comprometidos como usted, el país estaría mejor.
Quedo a su disposición y espero que nos acompañe con una oración por la paz y unidad del país.
Saludos cordiales,
Cynthia Hotton
Diputada de la Nación
www.cynthiahotton.blogspot.com
jueves, 3 de julio de 2008
Nobleza Obliga
Varios legisladores contestaron en muy buenos términos al mail.
Ejemplo:
Estimada/o :
Agradezco su correo, y aprovecho esta oportunidad para darle a conocer nuestra posición. Como usted sabrá, desde la Coalición Cívica nos hemos opuesto sistemáticamente tanto a la delegación de facultades propias del Congreso Nacional en favor del Poder Ejecutivo (situación esta que no sólo daña la esencia republicana de nuestro gobierno sino que, evidentemente, lleva a situaciones de crisis social) como al sistema de retenciones propuesto por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Este sistema de retenciones, antes que aportar a la solución de los problemas de nuestro país, favorece la concentración de la explotación agroganadera, perjudica a los pequeños y medianos productores, profundiza la desertificación de nuestras pampas (al favorecer a los pooles de soja) y no soluciona en absoluto el problema del aumento del costo de los alimentos. Desde el comienzo mismo de la crísis, nuestros bloques de Senadores y Diputados han presentado permanentemente propuestas alternativas e incluso, a instancias de la Coalición Cívica en el Senado, se propusieron sesiones especiales para derogar la Resolución 125. Para conocer en profundidad nuestras propuestas respecto de estos temas, la/lo invitamos a ingresar a
http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php.
Es en este sentido que deseo tenga la seguridad que, consciente de la gran responsabilidad que me cabe en mi rol de Senador de la Nación, me opondré a la ratificación por ley, a libro cerrado, de la Resolución 125 y seguiré promoviendo la discusión abierta y pública de un nuevo sistema de retenciones más justo y razonable, asi como la recuperación plena por parte del Congreso Nacional de las facultades delegadas
La/lo invito a seguir compartiendo con nosotros sus inquietudes y propuestas y a sumarse a nuestra lucha por un Contrato Moral, Republicano y de Distribución del Ingreso para todos los argentinos. Las puertas de nuestro despacho se encuentran siempre abiertas para cualquier ciudadano que desee acercarse.
Afectuosamente,
Dr. Samuel M. Cabanchik
Senador de la Nación
+54 (011) 4010-5959
+54 (011) 4010-5958
Ejemplo:
Estimada/o :
Agradezco su correo, y aprovecho esta oportunidad para darle a conocer nuestra posición. Como usted sabrá, desde la Coalición Cívica nos hemos opuesto sistemáticamente tanto a la delegación de facultades propias del Congreso Nacional en favor del Poder Ejecutivo (situación esta que no sólo daña la esencia republicana de nuestro gobierno sino que, evidentemente, lleva a situaciones de crisis social) como al sistema de retenciones propuesto por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Este sistema de retenciones, antes que aportar a la solución de los problemas de nuestro país, favorece la concentración de la explotación agroganadera, perjudica a los pequeños y medianos productores, profundiza la desertificación de nuestras pampas (al favorecer a los pooles de soja) y no soluciona en absoluto el problema del aumento del costo de los alimentos. Desde el comienzo mismo de la crísis, nuestros bloques de Senadores y Diputados han presentado permanentemente propuestas alternativas e incluso, a instancias de la Coalición Cívica en el Senado, se propusieron sesiones especiales para derogar la Resolución 125. Para conocer en profundidad nuestras propuestas respecto de estos temas, la/lo invitamos a ingresar a
http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php.
Es en este sentido que deseo tenga la seguridad que, consciente de la gran responsabilidad que me cabe en mi rol de Senador de la Nación, me opondré a la ratificación por ley, a libro cerrado, de la Resolución 125 y seguiré promoviendo la discusión abierta y pública de un nuevo sistema de retenciones más justo y razonable, asi como la recuperación plena por parte del Congreso Nacional de las facultades delegadas
La/lo invito a seguir compartiendo con nosotros sus inquietudes y propuestas y a sumarse a nuestra lucha por un Contrato Moral, Republicano y de Distribución del Ingreso para todos los argentinos. Las puertas de nuestro despacho se encuentran siempre abiertas para cualquier ciudadano que desee acercarse.
Afectuosamente,
Dr. Samuel M. Cabanchik
Senador de la Nación
+54 (011) 4010-5959
+54 (011) 4010-5958
miércoles, 2 de julio de 2008
Respuestas (im) pertinentes II
Otra respuesta, en este caso de Urquía:
He leído atentamente los correos enviados por ustedes.
He renunciado a la presidencia de mi Comision, para no interferir con el tratado de la ley en cuestion.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de email que he recibido, me veo imposibilitado de responder en forma personalizada pero es mi intención agradecerles las sugerencias y comentarios recibidos. Los mismos serán tenidos en cuenta cuando el tema sea tratado en la Cámara de Senadores dado que aún se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis.
Atte.-
Senador Roberto D. Urquía
Y la respuesta, indignada de otro lector:
Estimado Senador:
Desde el sitio www.Democracia-directa.com.arse han juntado, en el transcurso de la semana, 50.000 mails indicándole que votara en contra de las retenciones.
De Córdoba han llegado más de 7000 votos, por lo que estimo que su casilla se debe haber llenado últimamente.
Me parece que la actitud correcta hubiese sido seguir presidiendo la comisión, y hacer saber a los legisladores allí presentes que las retenciones aplicadas por la res. MECON 125 / 08 son inconstitucionales, y que la aprobación de una norma inconstitucional lesiona las instituciones, empezando por la legislatura.
En Fin, querido Senador: Dios y la Patria se lo demandarán a su debido tiempo.
He leído atentamente los correos enviados por ustedes.
He renunciado a la presidencia de mi Comision, para no interferir con el tratado de la ley en cuestion.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de email que he recibido, me veo imposibilitado de responder en forma personalizada pero es mi intención agradecerles las sugerencias y comentarios recibidos. Los mismos serán tenidos en cuenta cuando el tema sea tratado en la Cámara de Senadores dado que aún se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis.
Atte.-
Senador Roberto D. Urquía
Y la respuesta, indignada de otro lector:
Estimado Senador:
Desde el sitio www.Democracia-directa.com.arse han juntado, en el transcurso de la semana, 50.000 mails indicándole que votara en contra de las retenciones.
De Córdoba han llegado más de 7000 votos, por lo que estimo que su casilla se debe haber llenado últimamente.
Me parece que la actitud correcta hubiese sido seguir presidiendo la comisión, y hacer saber a los legisladores allí presentes que las retenciones aplicadas por la res. MECON 125 / 08 son inconstitucionales, y que la aprobación de una norma inconstitucional lesiona las instituciones, empezando por la legislatura.
En Fin, querido Senador: Dios y la Patria se lo demandarán a su debido tiempo.
Respuestas (im) pertinentes
Algunos legisladores contestan. En general, lo hacen los de la oposición, pero en algunos casos, el oficialismo sale a tratar de justificar su voto con una catarata de lugares comunes y de excusas, con resultados dispares.
Tal es el caso de la Diputada Adriana Puiggrós, uno de los clarísimos ejemplos de "me votaron N millones de personas, tengo patente de corso, y hago lo que quiero.
Va el mamotreto que contesta:
Estimado/a:
En respuesta a su correo, cuyo envío le agradezco así como su interés manifiesto en expresar sus opiniones, cumplo en poner en su conocimiento
mis posiciones respecto al tema aludido y sus observaciones.
En primer lugar, le hago saber que es innecesaria su advertencia o solicitud en cuanto a poner “mucha atención en la votación del proyecto del Poder Ejecutivo sobre retenciones”. No quisiera interpretarla, en función de cómo está redactada, como portadora de un tono de velada amenaza, por lo cual me siento en el deber como legisladora, más que “poner atención”, estudiar todos los proyectos de ley que se ponen a consideración del Congreso, así como los que son de elaboración propia o colectiva. Esto supone debatirlos,analizarlos, conocer el marco jurídico que regula las atribuciones de los tres poderes y de las instituciones de la democracia, entre otros. Por otra parte, además de diputada nacional soy una ciudadana argentina y he vivido de cerca, así como padecido junto al colectivo del pueblo, los avatares de este conflicto. Además, lo invito a visitar la página web de la Comisión de Educación que actualmente tengo el honor de presidir, para que tenga cabal conocimiento de qué tipo de debates, proyectos y trayectoria personal, académica y política tengo como legisladora, así como los otros colegas que integran dicha comisión.
En cuanto al punto 1, nadie me “pide” que "Ratifique" ninguna norma. Mi función como legisladora es legislar, tanto sobre proyectos que surjan del Poder Ejecutivo como de esta Cámara o del Senado (ver Art. 75 de la Constitución Nacional). Tenga la certidumbre que en este, como en todos los casos, actuaré conforme a mis convicciones políticas fundadas y dentro del marco de la legitimidad que me otorga el haber sido electa en elecciones libres, sin proscripciones, democráticas, por casi tres millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, quienes me votaron como integrante de una lista del Partido al cual represento y que anunció su política durante la campaña electoral.
Asimismo, mis opiniones respecto al tema retenciones han sido expresadas públicamente por diferentes medios. (Véase, pro ejemplo, el artículo “Dos modelos enfrentados en la historia”, en diario Diagonales, lunes 23 de junio de 2008). Respecto de las potestades del Poder Ejecutivo con relación al tema retenciones, lo invito cordialmente a leer nuevamente la Constitución, especialmente lo referido al Artículo 4°, 99° y 75°. Con relación a una norma dictada durante la dictadura militar, lamentablemente dentro del corpus normativo de nuestro país existen todavía numerosas leyes originadas en ese tipo de gobiernos de facto que habrá que ir corrigiendo en el marco de la institucionalidad democrática y con las herramientas de esa misma institucionalidad. Mucho más lamentable, sin embargo, es que ciertos sectores incurran en la desobediencia de la propia Constitución Nacional, reformada en 1994 en plena vigencia de la democracia.
Como es de público conocimiento, en el transcurso del conflicto con el sector patronal agrario se han violado numerosos derechos establecidos en el Art. 14 de la misma.
En cuanto a lo expresado en el punto 2, considero al menos una falta de respeto funcional a las acciones de desprestigio de las instituciones de la democracia, como este Congreso, la utilización de la palabra “cómplice”, por los motivos ya expresados. Infiero que al enviar este correo, está actuando usted como “cómplice”, en tal caso, de quienes pretenden desprestigiar a este Congreso y al conjunto de una ciudadanía que tiene ideas diferentes a las suyas respecto al modelo de país que pretende. Tal como expresé en el artículo arriba mencionado “ En el fondo de la actual discusión están los mismos dos modelos de país que se han enfrentado durante toda nuestra historia: el país librempresarista regido por el mercado que dominan los grandes inversores o el país de la justicia social y la democracia, donde la riqueza se reparte, se invierte en fuentes de trabajo, en salud, en educación.”
Usted dice “3. le piden que se haga cómplice de una exacción al campo mientras otras actividades - como el juego, la hotelería, las transacciones financieras, etc. - quedan exentas de retenciones a pesar de haber tenido ganancias tan "extraordinarias" como las del agro, que viene aportando el 35% de sus ingresos desde hace cinco años”. Resulta más que saludable que el debate instalado en la sociedad nos permita a todos los ciudadanos reflexionar y conocer nuestra legislación, pues es la única manera civilizada de discutir en el marco del respeto a las leyes y las instituciones que este país ha podido recuperar, luego de largas décadas de ruptura del orden democrático. Esto ha sido el fruto de largas y desgraciadas luchas entre argentinos. Afortunadamente, la gran mayoría hemos aprendido, no sin dolor, que podemos discutir políticas e ideas, intereses y propuestas, pero siempre debemos respetar las leyes, incluso aquellas que nos parezcan injustas, y, principalmente, la Constitución Nacional, que estamos obligados como ciudadanos a conocer y defender (ver Art. 36 °), aunque no seamos diputados.
En cuanto al punto “4. le piden que contribuya a impedir que en el campo se forme una sólida clase media de pequeños productores, a diferencia de lo que se hace en Uruguay, Brasil y Chile”, le informo que pocos gobiernos han hecho mayor contribución al desarrollo del sector agropecuario, que incluso con las actuales retenciones ha obtenido niveles de ganancia sin precedente en la historia argentina.(Lo invito a tomar conocimiento de cifras elaboradas no por el Gobierno ni sus simpatizantes, sino, por ejemplo, las publicadas en la revista Márgenes Agropecuarios, la publicación más consultada por el sector agropecuario). Lo que no es posible es que un sector se enriquezca ilimitadamente sobre la base del empobrecimiento y la apropiación de la riqueza de los otros sin que el Estado —constituido por todos los habitantes en atención al pacto fundante de todo régimen democrático— cumpla con su obligación de intervenir y regular, para equilibrar los conflictos que surgen de intereses muchas veces antagónicos. Por otra parte, como dije en el mismo artículo y sostengo, “la renta agraria surge de la explotación de la tierra de los argentinos, con manos argentinas y es apropiada por muy pocos”.
Son muchos los países desarrollados tienen en vigencia, como instrumento de regulación del mercado interno y de redistribución de la riqueza, retenciones a aquellas producciones que se exportan con mayor rentabilidad, como son, en nuestro caso, los alimentos. Sólo un país suicida no utilizaría esta herramienta. Así lo hacen Japón, Rusia, Francia, etcétera y así lo han sostenido en sus campañas electorales dirigentes de varios partidos de la oposición que, sin embargo, en pocos meses han cambiado de idea.
Con relación a su afirmación “Los argentinos de hoy y los de mañana estaremos observando atentamente su conducta para ver si es Usted un legítimo representante de la voluntad popular. Nuestros votos le confieren un mandato, nosotros somos sus mandantes, y no el Poder Ejecutivo Nacional.” Le hago saber que desconozco cuál es la representatividad que Ud. se arroga respecto al colectivo de “los argentinos”. Ya he hecho mención de cuántos y qué argentinos me honraron con el mandato de representarlos en esta Cámara. El mecanismo que han utilizado de delegación de representatividad es el legal y el legítimo. Es de desear que todos los argentinos nos “observen”, a los legisladores, en todo nuestro accionar. La legitimidad de la “voluntad popular”, es decir, la voluntad del soberano (el pueblo), afortunadamente se expresa por medio de las urnas cada dos años. Por el contrario, un sector que se ha equivocado al elegir apartarse de los mecanismos de la democracia, un sector que eligió expresar su proyecto de país con métodos violentos, cortando rutas, arrogándose en muchos casos poder de policía sobre otros ciudadanos, desabasteciendo a sus hermanos argentinos y desconociendo, no sólo la legitimidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo sino también de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe imponer una idea mediante el avasallamiento de los derechos del otro.
En el deseo de que este intercambio de ideas enriquezca el debate, le agradezco su envío, lo saludo cordialmente y lo invito a seguir el debate sobre este proyecto de ley en el Congreso.
Adriana Puiggrós
Diputada Nacional
Pero nuestros lectores (ya afilados en estas lides) también les contestan:
Estimada/o Diputada/o:
No es "velada amenaza" la que surge del ejercicio lícito de los derechos y, sobre todo, DEBERES, que como ciudadanos nos competen, sobre el control eficiente de las instituciones, sino una directa amenaza legal, contemplada y receptada por todos los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia, incluso surge de la sana lectura del art. 19 de nuestra Carta Magna, es la Ciudadanía quien se le debe reclamar el fiel cumplimiento de sus funciones, tal como surge de la fórmula de juramento oficial utilizada generalmente ("...que Dios y la Patria me lo demanden" dice, pro si no lo recuerda). Veo en su mail cierto tono de sospecha y, para que no lo dude, se la despejo, no es una "velada amenaza" sino una directa amenaza, pero no como la lanzada por quien fuera el ex presidente de la Nación en tono patoteril, sino lanzada desde la legalidad misma que me impone el deber ciudadano de controlar el correcto desempeño de los cargos públicos.
He leído con detenimiento los artículos de la Constitución que Ud. menciona y me llamaron la atención el art. 75 inc. 1º que dice expresamente que "Corresponde al Congreso de la Nación: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación...", el art. 99 inc. 3º, en cuyo segundo párrafo dice: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", como así también el art. 16 que en su último párrafo dice: "La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas" y el art. 28 que establece: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ..., facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
El conflicto, Sra./Sr. Diputada/o, no ha sido originado por "la patronal" de ningún sector, sino por la, a mi entender, inconstitucional medida que ha adoptado el Poder Ejecutivo y que ha sustentado mediante la búsqueda de la división de la sociedad efectuando afirmaciones cuya falacia y/o error no han hecho más que profundizar una situación que debió armonizar. Existen miles y millones de ciudadanos totalmente ajenos a la mal llamada "patronal", que están en desacuerdo no sólo con la medida tomada, sino también con la metodología implementada por el Ejecutivo Nacional para intentar sostener lo insostenible. Si Uds. dice representar a más de 3 millones de argentinos, cuanto menos debería suponerlo.
Por último y comulgando con Ud. en la intención de revalorizar las instituciones Nacionales (anhelo que no se consigue siguiendo intereses partidarios, sino buscando la unión nacional, el afianzamiento de la justicia y la consolidación de la paz interior, tal como lo expone el Preámbulo de nuestra Constitución), me tomo el atrevimiento de enviarle algo que se escribió hace muchísimo años, pero que tiene una actualidad asombrosa.
"Hemos dicho todo esto porque en vuestro nuevo Estado nosotros no vamos a nombrar un nuevo hombre en la función pública por su riqueza o alguna otra pretensión, como digamos, la fuerza, la estatura o las circunstancias de su nacimiento, insistimos en que la función más alta en el servicio de los dioses sea la asignada al hombre que sea mejor en la obediencia de las leyes establecidas y gane este tipo de victoria en el Estado. Tales individuos generalmente son llamados gobernantes y si los he llamado sirvientes de la Ley no es por acuñar un nuevo nombre sino porque creo que el éxito o el fracaso de un Estado depende de este punto más que de cualquier otra cosa. Cuando la Ley está sujeta a alguna autoridad y no tiene ninguna por sí misma, el colapso del Estado, en mi opinión, está a la vista; pero si las leyes son patronas del Gobierno y el Gobierno Esclavo, entonces, la situación es plenamente prometedora y los hombres gozan de todas las bendiciones.". (Platón: "Las Leyes. De un Ciudadano ateniense a Cleinas, el cretense", LIV).
Respecto a los supuestos "dos modelos de país" y otras consideraciones que desde ya no comparto (el único modelo de país que se puede "construir" en la Argentina es el que se "constituyó" conforme los términos de la Constitución), entiendo que es un debate filosófico que sólo desvía la atención de la realidad de lo que se debe tratar.
Sin otro particular, lo saluda,
Atentamente,
Tal es el caso de la Diputada Adriana Puiggrós, uno de los clarísimos ejemplos de "me votaron N millones de personas, tengo patente de corso, y hago lo que quiero.
Va el mamotreto que contesta:
Estimado/a:
En respuesta a su correo, cuyo envío le agradezco así como su interés manifiesto en expresar sus opiniones, cumplo en poner en su conocimiento
mis posiciones respecto al tema aludido y sus observaciones.
En primer lugar, le hago saber que es innecesaria su advertencia o solicitud en cuanto a poner “mucha atención en la votación del proyecto del Poder Ejecutivo sobre retenciones”. No quisiera interpretarla, en función de cómo está redactada, como portadora de un tono de velada amenaza, por lo cual me siento en el deber como legisladora, más que “poner atención”, estudiar todos los proyectos de ley que se ponen a consideración del Congreso, así como los que son de elaboración propia o colectiva. Esto supone debatirlos,analizarlos, conocer el marco jurídico que regula las atribuciones de los tres poderes y de las instituciones de la democracia, entre otros. Por otra parte, además de diputada nacional soy una ciudadana argentina y he vivido de cerca, así como padecido junto al colectivo del pueblo, los avatares de este conflicto. Además, lo invito a visitar la página web de la Comisión de Educación que actualmente tengo el honor de presidir, para que tenga cabal conocimiento de qué tipo de debates, proyectos y trayectoria personal, académica y política tengo como legisladora, así como los otros colegas que integran dicha comisión.
En cuanto al punto 1, nadie me “pide” que "Ratifique" ninguna norma. Mi función como legisladora es legislar, tanto sobre proyectos que surjan del Poder Ejecutivo como de esta Cámara o del Senado (ver Art. 75 de la Constitución Nacional). Tenga la certidumbre que en este, como en todos los casos, actuaré conforme a mis convicciones políticas fundadas y dentro del marco de la legitimidad que me otorga el haber sido electa en elecciones libres, sin proscripciones, democráticas, por casi tres millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, quienes me votaron como integrante de una lista del Partido al cual represento y que anunció su política durante la campaña electoral.
Asimismo, mis opiniones respecto al tema retenciones han sido expresadas públicamente por diferentes medios. (Véase, pro ejemplo, el artículo “Dos modelos enfrentados en la historia”, en diario Diagonales, lunes 23 de junio de 2008). Respecto de las potestades del Poder Ejecutivo con relación al tema retenciones, lo invito cordialmente a leer nuevamente la Constitución, especialmente lo referido al Artículo 4°, 99° y 75°. Con relación a una norma dictada durante la dictadura militar, lamentablemente dentro del corpus normativo de nuestro país existen todavía numerosas leyes originadas en ese tipo de gobiernos de facto que habrá que ir corrigiendo en el marco de la institucionalidad democrática y con las herramientas de esa misma institucionalidad. Mucho más lamentable, sin embargo, es que ciertos sectores incurran en la desobediencia de la propia Constitución Nacional, reformada en 1994 en plena vigencia de la democracia.
Como es de público conocimiento, en el transcurso del conflicto con el sector patronal agrario se han violado numerosos derechos establecidos en el Art. 14 de la misma.
En cuanto a lo expresado en el punto 2, considero al menos una falta de respeto funcional a las acciones de desprestigio de las instituciones de la democracia, como este Congreso, la utilización de la palabra “cómplice”, por los motivos ya expresados. Infiero que al enviar este correo, está actuando usted como “cómplice”, en tal caso, de quienes pretenden desprestigiar a este Congreso y al conjunto de una ciudadanía que tiene ideas diferentes a las suyas respecto al modelo de país que pretende. Tal como expresé en el artículo arriba mencionado “ En el fondo de la actual discusión están los mismos dos modelos de país que se han enfrentado durante toda nuestra historia: el país librempresarista regido por el mercado que dominan los grandes inversores o el país de la justicia social y la democracia, donde la riqueza se reparte, se invierte en fuentes de trabajo, en salud, en educación.”
Usted dice “3. le piden que se haga cómplice de una exacción al campo mientras otras actividades - como el juego, la hotelería, las transacciones financieras, etc. - quedan exentas de retenciones a pesar de haber tenido ganancias tan "extraordinarias" como las del agro, que viene aportando el 35% de sus ingresos desde hace cinco años”. Resulta más que saludable que el debate instalado en la sociedad nos permita a todos los ciudadanos reflexionar y conocer nuestra legislación, pues es la única manera civilizada de discutir en el marco del respeto a las leyes y las instituciones que este país ha podido recuperar, luego de largas décadas de ruptura del orden democrático. Esto ha sido el fruto de largas y desgraciadas luchas entre argentinos. Afortunadamente, la gran mayoría hemos aprendido, no sin dolor, que podemos discutir políticas e ideas, intereses y propuestas, pero siempre debemos respetar las leyes, incluso aquellas que nos parezcan injustas, y, principalmente, la Constitución Nacional, que estamos obligados como ciudadanos a conocer y defender (ver Art. 36 °), aunque no seamos diputados.
En cuanto al punto “4. le piden que contribuya a impedir que en el campo se forme una sólida clase media de pequeños productores, a diferencia de lo que se hace en Uruguay, Brasil y Chile”, le informo que pocos gobiernos han hecho mayor contribución al desarrollo del sector agropecuario, que incluso con las actuales retenciones ha obtenido niveles de ganancia sin precedente en la historia argentina.(Lo invito a tomar conocimiento de cifras elaboradas no por el Gobierno ni sus simpatizantes, sino, por ejemplo, las publicadas en la revista Márgenes Agropecuarios, la publicación más consultada por el sector agropecuario). Lo que no es posible es que un sector se enriquezca ilimitadamente sobre la base del empobrecimiento y la apropiación de la riqueza de los otros sin que el Estado —constituido por todos los habitantes en atención al pacto fundante de todo régimen democrático— cumpla con su obligación de intervenir y regular, para equilibrar los conflictos que surgen de intereses muchas veces antagónicos. Por otra parte, como dije en el mismo artículo y sostengo, “la renta agraria surge de la explotación de la tierra de los argentinos, con manos argentinas y es apropiada por muy pocos”.
Son muchos los países desarrollados tienen en vigencia, como instrumento de regulación del mercado interno y de redistribución de la riqueza, retenciones a aquellas producciones que se exportan con mayor rentabilidad, como son, en nuestro caso, los alimentos. Sólo un país suicida no utilizaría esta herramienta. Así lo hacen Japón, Rusia, Francia, etcétera y así lo han sostenido en sus campañas electorales dirigentes de varios partidos de la oposición que, sin embargo, en pocos meses han cambiado de idea.
Con relación a su afirmación “Los argentinos de hoy y los de mañana estaremos observando atentamente su conducta para ver si es Usted un legítimo representante de la voluntad popular. Nuestros votos le confieren un mandato, nosotros somos sus mandantes, y no el Poder Ejecutivo Nacional.” Le hago saber que desconozco cuál es la representatividad que Ud. se arroga respecto al colectivo de “los argentinos”. Ya he hecho mención de cuántos y qué argentinos me honraron con el mandato de representarlos en esta Cámara. El mecanismo que han utilizado de delegación de representatividad es el legal y el legítimo. Es de desear que todos los argentinos nos “observen”, a los legisladores, en todo nuestro accionar. La legitimidad de la “voluntad popular”, es decir, la voluntad del soberano (el pueblo), afortunadamente se expresa por medio de las urnas cada dos años. Por el contrario, un sector que se ha equivocado al elegir apartarse de los mecanismos de la democracia, un sector que eligió expresar su proyecto de país con métodos violentos, cortando rutas, arrogándose en muchos casos poder de policía sobre otros ciudadanos, desabasteciendo a sus hermanos argentinos y desconociendo, no sólo la legitimidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo sino también de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe imponer una idea mediante el avasallamiento de los derechos del otro.
En el deseo de que este intercambio de ideas enriquezca el debate, le agradezco su envío, lo saludo cordialmente y lo invito a seguir el debate sobre este proyecto de ley en el Congreso.
Adriana Puiggrós
Diputada Nacional
Pero nuestros lectores (ya afilados en estas lides) también les contestan:
Estimada/o Diputada/o:
No es "velada amenaza" la que surge del ejercicio lícito de los derechos y, sobre todo, DEBERES, que como ciudadanos nos competen, sobre el control eficiente de las instituciones, sino una directa amenaza legal, contemplada y receptada por todos los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia, incluso surge de la sana lectura del art. 19 de nuestra Carta Magna, es la Ciudadanía quien se le debe reclamar el fiel cumplimiento de sus funciones, tal como surge de la fórmula de juramento oficial utilizada generalmente ("...que Dios y la Patria me lo demanden" dice, pro si no lo recuerda). Veo en su mail cierto tono de sospecha y, para que no lo dude, se la despejo, no es una "velada amenaza" sino una directa amenaza, pero no como la lanzada por quien fuera el ex presidente de la Nación en tono patoteril, sino lanzada desde la legalidad misma que me impone el deber ciudadano de controlar el correcto desempeño de los cargos públicos.
He leído con detenimiento los artículos de la Constitución que Ud. menciona y me llamaron la atención el art. 75 inc. 1º que dice expresamente que "Corresponde al Congreso de la Nación: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación...", el art. 99 inc. 3º, en cuyo segundo párrafo dice: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", como así también el art. 16 que en su último párrafo dice: "La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas" y el art. 28 que establece: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ..., facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
El conflicto, Sra./Sr. Diputada/o, no ha sido originado por "la patronal" de ningún sector, sino por la, a mi entender, inconstitucional medida que ha adoptado el Poder Ejecutivo y que ha sustentado mediante la búsqueda de la división de la sociedad efectuando afirmaciones cuya falacia y/o error no han hecho más que profundizar una situación que debió armonizar. Existen miles y millones de ciudadanos totalmente ajenos a la mal llamada "patronal", que están en desacuerdo no sólo con la medida tomada, sino también con la metodología implementada por el Ejecutivo Nacional para intentar sostener lo insostenible. Si Uds. dice representar a más de 3 millones de argentinos, cuanto menos debería suponerlo.
Por último y comulgando con Ud. en la intención de revalorizar las instituciones Nacionales (anhelo que no se consigue siguiendo intereses partidarios, sino buscando la unión nacional, el afianzamiento de la justicia y la consolidación de la paz interior, tal como lo expone el Preámbulo de nuestra Constitución), me tomo el atrevimiento de enviarle algo que se escribió hace muchísimo años, pero que tiene una actualidad asombrosa.
"Hemos dicho todo esto porque en vuestro nuevo Estado nosotros no vamos a nombrar un nuevo hombre en la función pública por su riqueza o alguna otra pretensión, como digamos, la fuerza, la estatura o las circunstancias de su nacimiento, insistimos en que la función más alta en el servicio de los dioses sea la asignada al hombre que sea mejor en la obediencia de las leyes establecidas y gane este tipo de victoria en el Estado. Tales individuos generalmente son llamados gobernantes y si los he llamado sirvientes de la Ley no es por acuñar un nuevo nombre sino porque creo que el éxito o el fracaso de un Estado depende de este punto más que de cualquier otra cosa. Cuando la Ley está sujeta a alguna autoridad y no tiene ninguna por sí misma, el colapso del Estado, en mi opinión, está a la vista; pero si las leyes son patronas del Gobierno y el Gobierno Esclavo, entonces, la situación es plenamente prometedora y los hombres gozan de todas las bendiciones.". (Platón: "Las Leyes. De un Ciudadano ateniense a Cleinas, el cretense", LIV).
Respecto a los supuestos "dos modelos de país" y otras consideraciones que desde ya no comparto (el único modelo de país que se puede "construir" en la Argentina es el que se "constituyó" conforme los términos de la Constitución), entiendo que es un debate filosófico que sólo desvía la atención de la realidad de lo que se debe tratar.
Sin otro particular, lo saluda,
Atentamente,
domingo, 29 de junio de 2008
Ataques al sitio
Tuvimos una serie de ataques al sitio, tratando de bajarlo. El sitio tiene la seguridad bastante bien afinada, y gracias a Dios no pasó nada importante.
Es buena señal. Si molestamos a alguien, quiere decir que vamos por buen camino.
GRACIAS POR EL APOYO
Es buena señal. Si molestamos a alguien, quiere decir que vamos por buen camino.
GRACIAS POR EL APOYO
sábado, 28 de junio de 2008
¡Bienvenidos al Blog de Democracia Directa!
Bienvenidos al blog de Democracia Directa.
Queremos que este blog sirva como orientador de nuestras próximas campañas. Nuestra Patria atraviesa momentos de incertidumbre por la ineficiencia de nuestros representantes, y llegó la hora de la gente común, para que podamos por fin tener en Argentina una verdadera Democracia. Nuestros representantes tienen un mandato que nosotros les conferimos con nuestros votos. Nosotros somos los mandantes, y ellos tienen que enterarse que deben REPRESENTARNOS.
El sitio es de USTEDES. De los ciudadanos de a pie, de los millones de Argentinos que diariamente se esfuerzan por mejorar nuestro destino. Esperamos entonces sus comentarios, aportes, críticas y quejas.
Queremos que este blog sirva como orientador de nuestras próximas campañas. Nuestra Patria atraviesa momentos de incertidumbre por la ineficiencia de nuestros representantes, y llegó la hora de la gente común, para que podamos por fin tener en Argentina una verdadera Democracia. Nuestros representantes tienen un mandato que nosotros les conferimos con nuestros votos. Nosotros somos los mandantes, y ellos tienen que enterarse que deben REPRESENTARNOS.
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