Por el Cr. Guillermo Lo Cane. (GRACIAS!)
Desde que a Cavallo se le ocurrió que el gobierno de De la Rúa sería más fuerte si tenía Superpoderes (y el Congreso se los concedió) muy bien no nos ha ido. No nos salvamos de ninguno de los males que se abatieron por estas tierras y existe la clara sensación de que las únicas bondades que el destino nos deparó, provinieron más que nada de la iniciativa y sacrificio de los propios ciudadanos.
El término “Superpoderes” puede resultar simpático. Remite a los superhéroes de la infancia. Ellos sí que sabían utilizarlos para proteger el Bien y combatir el Mal. El hombre Araña, Batman, Flash, Acquaman, y por supuesto el más grande de todos: Surperman.
Pero en política, al menos por estos lares, de poco han servido para mejorar la vida de las personas. Es más, ni siquiera parecen tener efectividad para el propio poder ejecutivo quien recientemente ha visto cómo, el intento “superpoderoso” de imponer mediante una simple resolución un aumento de impuestos sobre determinadas exportaciones, derivó en un largo conflicto que la sabia intervención del Congreso pudo resolver. Ni siquiera le ha servido para eliminar, o por lo menos atenuar para este ejercicio fiscal, una vulgar tablita de impuestos. Y hasta la controvertida decisión de pagar la deuda con el Club de París es, cada día, más evidente que requiere de una ley. Tampoco ha resultado muy útil para impulsar firmemente el esclarecimiento de irregularidades que plantearon los sonados casos “Skanka” y “Valijagate”, ni para demostrar mayor eficiencia en medidas que tiendan a resolver las condiciones de inseguridad que aquejan al país.
Ahora el Congreso tiene la oportunidad de poner las cosas en su lugar y terminar con un elemento extraño a la democracia, que ostensiblemente debilita las instituciones como son los poderes extraordinarios concedidos al Ejecutivo y demostrar que es el único superpoderoso, porque tiene las potestades que la Constitución y el Pueblo le han otorgado. Para ello bastaría que esas potestades, que están dispersas en cada legislador, se concentren y tengan la vocación necesaria para preguntarse concienzudamente: ¿Y si probamos sin Superpoderes?
lunes, 29 de septiembre de 2008
lunes, 22 de septiembre de 2008
Del Presupuesto: Sólo importa la palabra "superpoderes"
Cristina repite el "viejo truco" de Néstor y subestima el crecimiento, para manejar luego sin control el obvio excedente. Proyectan inflación anual del 8%.
El Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2009 que, a pesar de las distintas realidades económicas, mantendrá la misma política de los últimos años, proyectando una inflación en torno al ocho por ciento, un crecimiento del PBI del cuatro por ciento y un precio del dólar de 3,20 pesos.
Asimismo, más allá de toda pauta económica, la discusión legislativa estará vinculada a la continuidad de la emergencia económica y la facultad de delegar poderes especiales al Poder Ejecutivo. Aunque no fue confirmado por el Ministerio de Economía, Carlos Fernández, responsable del Palacio de Hacienda, concurriría esta semana al Congreso para informar a los legisladores sobre temas del Presupuesto.
El gobierno de Néstor Kirchner cumplió durante cinco años con el envío al Parlamento de un presupuesto con subestimaciones de crecimiento, que permitían obtener recursos no pautados que luego eran administrados por el otrora jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a través de la delegación de facultades que otorgaba la emergencia económica.
Hasta el 2006, en cada ley de Presupuesto se incluía un artículo en el que el Poder Legislativo delegaba ciertas facultades en la Jefatura de Gabinete, lo que se conoce popularmente como "Superpoderes". A partir de ese año, esa delegación de facultades ya no debe ser aprobada como parte del mismo presupuesto (cuyo plazo de vencimiento es el 31 de diciembre de cada año) sino en la ley de Administración Financiera, por lo que no requiere de su constante tratamiento y aprobación.
El cambio de escenario político envalentonó a la oposición y desde distintos sectores ya advirtieron que no aceptarán una prórroga de la emergencia económica ni de delegación de "Superpoderes". Un grupo de diputados justicialistas no kirchneristas -encabezado por el ex secretario de Hacienda Jorge Sarghini- se expresó en este sentido.
En ese sentido, Sarghini presentó un proyecto para derogar el artículo 37 de la ley de Administración Financiera, junto a los diputados Paola Spatola, Marta Velarde, Adriana Marino, Eduardo Pastoriza, Emilio Martínez Garbino y Juan José Alvarez.
El cambio en la relación de fuerzas políticas pone además un manto de sospecha acerca de cómo reaccionará la oposición al momento de debatir un proyecto con pautas alejadas de la realidad, dado que aceptar supuestos macroeconómicos inconsistentes le permitirá de todas formas al Gobierno contar con recursos adicionales no presupuestados en un año electoral. Según trascendió, la inflación pautada será del 8 por ciento, previsión poco probable ante una variación de precios real en 2008 no inferior al 25 por ciento.
En lo que respecta al PBI, un aumento estimado del 4 por ciento quedaría absolutamente desubicado si 2008 cierra con una expansión cercana al 8 por ciento, ya que sólo el "arrastre estadístico" lo ubicaría en el umbral de ese porcentaje.
De acuerdo con la ley de Administración Financiera el proyecto de ley de presupuesto debe presentarse antes del cierre de la primera quincena de septiembre, por lo que se descuenta que el lunes el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, lo remitirá al Congreso.
Fuente: DYN
El Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2009 que, a pesar de las distintas realidades económicas, mantendrá la misma política de los últimos años, proyectando una inflación en torno al ocho por ciento, un crecimiento del PBI del cuatro por ciento y un precio del dólar de 3,20 pesos.
Asimismo, más allá de toda pauta económica, la discusión legislativa estará vinculada a la continuidad de la emergencia económica y la facultad de delegar poderes especiales al Poder Ejecutivo. Aunque no fue confirmado por el Ministerio de Economía, Carlos Fernández, responsable del Palacio de Hacienda, concurriría esta semana al Congreso para informar a los legisladores sobre temas del Presupuesto.
El gobierno de Néstor Kirchner cumplió durante cinco años con el envío al Parlamento de un presupuesto con subestimaciones de crecimiento, que permitían obtener recursos no pautados que luego eran administrados por el otrora jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a través de la delegación de facultades que otorgaba la emergencia económica.
Hasta el 2006, en cada ley de Presupuesto se incluía un artículo en el que el Poder Legislativo delegaba ciertas facultades en la Jefatura de Gabinete, lo que se conoce popularmente como "Superpoderes". A partir de ese año, esa delegación de facultades ya no debe ser aprobada como parte del mismo presupuesto (cuyo plazo de vencimiento es el 31 de diciembre de cada año) sino en la ley de Administración Financiera, por lo que no requiere de su constante tratamiento y aprobación.
El cambio de escenario político envalentonó a la oposición y desde distintos sectores ya advirtieron que no aceptarán una prórroga de la emergencia económica ni de delegación de "Superpoderes". Un grupo de diputados justicialistas no kirchneristas -encabezado por el ex secretario de Hacienda Jorge Sarghini- se expresó en este sentido.
En ese sentido, Sarghini presentó un proyecto para derogar el artículo 37 de la ley de Administración Financiera, junto a los diputados Paola Spatola, Marta Velarde, Adriana Marino, Eduardo Pastoriza, Emilio Martínez Garbino y Juan José Alvarez.
El cambio en la relación de fuerzas políticas pone además un manto de sospecha acerca de cómo reaccionará la oposición al momento de debatir un proyecto con pautas alejadas de la realidad, dado que aceptar supuestos macroeconómicos inconsistentes le permitirá de todas formas al Gobierno contar con recursos adicionales no presupuestados en un año electoral. Según trascendió, la inflación pautada será del 8 por ciento, previsión poco probable ante una variación de precios real en 2008 no inferior al 25 por ciento.
En lo que respecta al PBI, un aumento estimado del 4 por ciento quedaría absolutamente desubicado si 2008 cierra con una expansión cercana al 8 por ciento, ya que sólo el "arrastre estadístico" lo ubicaría en el umbral de ese porcentaje.
De acuerdo con la ley de Administración Financiera el proyecto de ley de presupuesto debe presentarse antes del cierre de la primera quincena de septiembre, por lo que se descuenta que el lunes el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, lo remitirá al Congreso.
Fuente: DYN
jueves, 4 de septiembre de 2008
El círculo vicioso del gasto estatal
Los ciudadanos se quejan a diario de la insoportable presión impositiva, de la inflación ya casi escandalosa y de escuchar por décadas aquello de la "pesada carga" que significa nuestra añosa deuda.
Es que el Estado se financia irremediablemente recurriendo a mecanismos que se derivan de ese trípode que conforman la emisión monetaria, los impuestos y el endeudamiento.
Estas formas de sostener económicamente al Estado se combinan a diario para satisfacer no solo la desmedida vocación de poder de los políticos de turno, sino también para dar rienda suelta a los infantiles caprichos de la ideología imperante. Todo esto solo se logra con la imprescindible complicidad de ese renovado acuerdo ciudadano, que manifiesta expresamente su voluntad en cada elección y en cada discurso. Esto NO es mérito solo de políticos que conveniente y funcionalmente se pliegan con entusiasmo a esa retórica.
Mucha gente defiende el Estado del Bienestar. Esas ideas imaginan un Estado fuerte. Quieren que el Estado se ocupe de todo, absolutamente de todo. No se dan cuenta que además de perder libertades al ceder derechos cotidianamente, a eso agregan, la fuerza expoliadora de un Estado devorador de recursos, que cumple con ese mandato, que intenta hacer todo lo que la sociedad le pide, incluso perjudicarla.
Algunos ilusos prefieren creer, que en realidad sus ideas son las correctas, pero que solo han caído, circunstancialmente, en manos de algunos funcionarios corruptos e inútiles que administran mal los recursos que se les confían.
La eficiencia es, en esencia, incompatible con la gestión pública. En todo caso es posible ser más cuidadoso en el uso de los recursos. La eficiencia tantas veces recitada, ha sido utilizada sistemáticamente como "caballito de batalla", como promesa electoral, como mera cuestión retórica, para convencernos que solo enfrentamos un problema de gestión y no de ideas incorrectas. Es el argumento político preferido por lo simple, para decir que quieren manejar la caja que hoy manejan otros.
Cada político, opositor al oficialismo de turno, nos quiere convencer de que "él lo hará mejor y será más eficiente", respetando el sacrificio de los contribuyentes. Nuestra historia dice todo lo contrario.
No solo no lo logran, sino que debutan inexorablemente emitiendo, proponiendo un nuevo impuesto o planteando la necesidad de endeudarse una vez más. Cuesta recordar un gobierno nacional, provincial o municipal que se anime a plantear la reducción del gasto estatal, intentando reducir la carga que soporta el ciudadano medio.
Siempre habrá una buena excusa para aumentar impuestos o endeudarse. Alguna obra de infraestructura que encarar, algún reajuste salarial prometido a los sindicatos, o simplemente pagar los vencimientos de la abultada deuda que dejo el gobernante anterior.
Nadie habla de achicar el Estado, de reducir cientos de oficinas que no cumplen función alguna, de limitar los dineros que se dilapidan a diario, muchas veces rozando la obscenidad, frente a una sociedad que lucha poniendo el cuerpo todos los días en busca del sustento para sus familias.
Es una paradoja que en medio de tanta precariedad, tengamos un Estado rico que se ufana groseramente de su superavit, como si ese fuera un valor moral, pero que para ello explota con sus impuestos a los ciudadanos de los que se nutre para sostener su parasitaria estructura, que solo puede dar cátedra de abulia, pereza y conformismo.
Podemos discutir hasta el cansancio acerca de porque tal o cual otro impuesto es inmoral o quejarnos por esta inflación tan destructiva que se ha posado sobre esta sociedad. Incluso podemos enojarnos por esa deuda que debemos pagar solidariamente por la irresponsabilidad de vaya a saber que cantidad de generaciones de dirigentes.
Lo concreto es que todos los partidos políticos tienen brillantes ideas para un Estado cada vez más poderoso. Sus cerebros son productores en serie, de ocurrencias que solo prevén partidas presupuestarias adicionales que las pagará, de alguna manera, el siempre disponible contribuyente. O será un impuesto nuevo que lo abonará directa o indirectamente, o la suba de alguno que ya existe. Otra variante será pagar esa nueva genialidad, con la inflación que el Estado genera cuando emite graciosamente para sostener sus perversos mecanismos de poder. Ahora pretenden, además, convencernos de que no solo se puede crecer con inflación sino, que hasta es bueno tener algo de ella.
De la deuda ya sabemos bastante. Nos vanagloriamos, de vez en cuando, de que somos capaces de no pagarla, y además la juzgamos de inmoral pese a habernos gastado el dinero. Total, siempre tendrán la responsabilidad otros ineficientes y corruptos que estuvieron antes que el gobernante actual.
Mientras no seamos capaces de debatir seriamente acerca de lo que le corresponde al Estado hacer y lo que no es su ámbito, seguiremos discutiendo SOLAMENTE como financiarlo. Una discusión importante a la que debemos poder llegar sin tantos prejuicios. Debemos abandonar el paradigma de que debemos producir, trabajar, generar riqueza para que el Estado voraz, desordenado y desprolijo que hemos sabido engendrar, despilfarre nuestros esfuerzos con absoluta impunidad.
Abordar esta cuestión supone coraje ciudadano y político. Es tiempo de dejar de lado algunas ataduras que nos impiden discutirlo con profundidad. Mientras no podamos meternos de lleno en ese debate, seguiremos padeciendo sus consecuencias y siendo simplemente meros observadores de este círculo vicioso que nos propone el gasto estatal.
Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
03783 – 15602694
Corrientes – Corrientes - Argentina
Es que el Estado se financia irremediablemente recurriendo a mecanismos que se derivan de ese trípode que conforman la emisión monetaria, los impuestos y el endeudamiento.
Estas formas de sostener económicamente al Estado se combinan a diario para satisfacer no solo la desmedida vocación de poder de los políticos de turno, sino también para dar rienda suelta a los infantiles caprichos de la ideología imperante. Todo esto solo se logra con la imprescindible complicidad de ese renovado acuerdo ciudadano, que manifiesta expresamente su voluntad en cada elección y en cada discurso. Esto NO es mérito solo de políticos que conveniente y funcionalmente se pliegan con entusiasmo a esa retórica.
Mucha gente defiende el Estado del Bienestar. Esas ideas imaginan un Estado fuerte. Quieren que el Estado se ocupe de todo, absolutamente de todo. No se dan cuenta que además de perder libertades al ceder derechos cotidianamente, a eso agregan, la fuerza expoliadora de un Estado devorador de recursos, que cumple con ese mandato, que intenta hacer todo lo que la sociedad le pide, incluso perjudicarla.
Algunos ilusos prefieren creer, que en realidad sus ideas son las correctas, pero que solo han caído, circunstancialmente, en manos de algunos funcionarios corruptos e inútiles que administran mal los recursos que se les confían.
La eficiencia es, en esencia, incompatible con la gestión pública. En todo caso es posible ser más cuidadoso en el uso de los recursos. La eficiencia tantas veces recitada, ha sido utilizada sistemáticamente como "caballito de batalla", como promesa electoral, como mera cuestión retórica, para convencernos que solo enfrentamos un problema de gestión y no de ideas incorrectas. Es el argumento político preferido por lo simple, para decir que quieren manejar la caja que hoy manejan otros.
Cada político, opositor al oficialismo de turno, nos quiere convencer de que "él lo hará mejor y será más eficiente", respetando el sacrificio de los contribuyentes. Nuestra historia dice todo lo contrario.
No solo no lo logran, sino que debutan inexorablemente emitiendo, proponiendo un nuevo impuesto o planteando la necesidad de endeudarse una vez más. Cuesta recordar un gobierno nacional, provincial o municipal que se anime a plantear la reducción del gasto estatal, intentando reducir la carga que soporta el ciudadano medio.
Siempre habrá una buena excusa para aumentar impuestos o endeudarse. Alguna obra de infraestructura que encarar, algún reajuste salarial prometido a los sindicatos, o simplemente pagar los vencimientos de la abultada deuda que dejo el gobernante anterior.
Nadie habla de achicar el Estado, de reducir cientos de oficinas que no cumplen función alguna, de limitar los dineros que se dilapidan a diario, muchas veces rozando la obscenidad, frente a una sociedad que lucha poniendo el cuerpo todos los días en busca del sustento para sus familias.
Es una paradoja que en medio de tanta precariedad, tengamos un Estado rico que se ufana groseramente de su superavit, como si ese fuera un valor moral, pero que para ello explota con sus impuestos a los ciudadanos de los que se nutre para sostener su parasitaria estructura, que solo puede dar cátedra de abulia, pereza y conformismo.
Podemos discutir hasta el cansancio acerca de porque tal o cual otro impuesto es inmoral o quejarnos por esta inflación tan destructiva que se ha posado sobre esta sociedad. Incluso podemos enojarnos por esa deuda que debemos pagar solidariamente por la irresponsabilidad de vaya a saber que cantidad de generaciones de dirigentes.
Lo concreto es que todos los partidos políticos tienen brillantes ideas para un Estado cada vez más poderoso. Sus cerebros son productores en serie, de ocurrencias que solo prevén partidas presupuestarias adicionales que las pagará, de alguna manera, el siempre disponible contribuyente. O será un impuesto nuevo que lo abonará directa o indirectamente, o la suba de alguno que ya existe. Otra variante será pagar esa nueva genialidad, con la inflación que el Estado genera cuando emite graciosamente para sostener sus perversos mecanismos de poder. Ahora pretenden, además, convencernos de que no solo se puede crecer con inflación sino, que hasta es bueno tener algo de ella.
De la deuda ya sabemos bastante. Nos vanagloriamos, de vez en cuando, de que somos capaces de no pagarla, y además la juzgamos de inmoral pese a habernos gastado el dinero. Total, siempre tendrán la responsabilidad otros ineficientes y corruptos que estuvieron antes que el gobernante actual.
Mientras no seamos capaces de debatir seriamente acerca de lo que le corresponde al Estado hacer y lo que no es su ámbito, seguiremos discutiendo SOLAMENTE como financiarlo. Una discusión importante a la que debemos poder llegar sin tantos prejuicios. Debemos abandonar el paradigma de que debemos producir, trabajar, generar riqueza para que el Estado voraz, desordenado y desprolijo que hemos sabido engendrar, despilfarre nuestros esfuerzos con absoluta impunidad.
Abordar esta cuestión supone coraje ciudadano y político. Es tiempo de dejar de lado algunas ataduras que nos impiden discutirlo con profundidad. Mientras no podamos meternos de lleno en ese debate, seguiremos padeciendo sus consecuencias y siendo simplemente meros observadores de este círculo vicioso que nos propone el gasto estatal.
Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
03783 – 15602694
Corrientes – Corrientes - Argentina
lunes, 1 de septiembre de 2008
Julio Cobos, mi mamá, el enano golpista y el ser nacional
Eran las 9 de la mañana del jueves 17 de julio, y yo estaba a punto de desayunar luego de una larga noche en la que no pegué un ojo: primero por quedarme a ver el debate en el Senado hasta el final y después porque no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Madre, que vive enfrente, salió de su casa, cruzó la calle, subió la escalera y golpeó mi puerta. No había terminado de entrar, cuando me preguntó:
—¿Y ahora a quién van a poner de presidente?
—A nadie —le contesté.
—Pero perdió, se tiene que ir...
Madre es golpista: quiere que Cristina Kirchner se vaya, y no había manera de hacerle entender que no se iba a ir, que sólo le habían votado en contra una ley en el Congreso, que eso pasa en todo el mundo, todos los días, y los gobiernos siguen y no se va nadie. Y que hasta el 2011 ella va a ser nuestra presidenta, y que no es cuestión de andar sacando y poniendo presidentes, que a los presidentes se los elige votando. Cuando al fin lo entendió, respiré aliviada: ¡un golpista menos, en este país tan lleno de gente que quiere voltear gobiernos! Y sí, somos muchos. Los del Monumento a la Bandera el 20 de junio, los del acto en Palermo el 15 de julio, los diputados y senadores que votaron en contra el 17 a la madrugada y el lord desestabilizador mayor, el “más pior” de todos: el vicepresidente Julio Cobos. Somos demasiados, y por su fuéramos pocos se nos han sumado algunos oportunistas, de esos que nunca faltan cuando de conseguir réditos políticos se trata...
Fiel a su costumbre de tener la última palabra, madre insistió con que los que habían perdido tenían que irse y yo me quedé pensando que, salvando las distancias, ella estaba haciendo lo mismo que muchos analistas políticos y periodistas: reducir la cuestión a una contienda con vencedores y vencidos. Se habla de la “derrota” del gobierno como si la presidenta y su gabinete volvieran de perder en Vilcapugio y Ayohuma, cuando en realidad tuvieron un traspié legislativo que, dadas las circunstancias, era totalmente previsible. Pero el gobierno todavía está a tiempo de rehabilitarse frente a la sociedad: sólo tiene que hacer una autocrítica profunda y honesta, y escuchar las voces de los que intentan hacerle ver en qué está fallando.
También debe entender, el gobierno, que nuestra democracia está creciendo y ya no queremos líderes omnipotentes que nos traten como a chicos y nos marquen el rumbo con el índice en alto. Queremos ser partícipes, queremos empezar a hacer notar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, queremos, los del interior, que los funcionarios nacionales no tomen decisiones desde allá sin conocer lo que pasa acá.
El enfrentamiento entre el gobierno y el campo, o como se quiera llamar lo que pasó durante los últimos cuatro meses, nos ha venido muy bien a los argentinos para aprender unas cuántas cosas. Hoy sabemos qué son las retenciones y cómo se aplican, que son los pools de siembra, qué se produce en las distintas regiones del país, qué diferencias hay entre un productor de la pampa húmeda y uno del noroeste, y hasta cuánto rinde la hectárea de soja en cada región. Sabemos, porque lo hemos visto funcionando a pleno, que el Congreso existe, es importante y tiene facultades que no debería delegar nunca más, porque es allí donde están representadas las provincias. Sabemos que, así como se les ha negado a los militares, con toda razón, el recurso de ampararse en la obediencia debida, no se les puede pedir a los senadores oficialistas que voten por obediencia partidaria en cuestiones que involucran a las provincias que representan. Y sabemos, también, para qué sirve un vicepresidente, porque convengamos que la mayoría teníamos la impresión de que era sólo el suplente del presidente, un adorno, casi.
Pero Julio Cobos pateó el tablero y nos demostró que a veces uno puede, y debe, disentir desde adentro, y que eso no es el fin del mundo. Si la presidenta lo piensa bien, su vicepresidente hizo por ella mucho más que todo su gabinete, y que su marido: le tranquilizó el país; los ánimos se distendieron como por arte de magia, y a casi todos nos invadió la sensación de que alguien, o algo, había recuperado el control de una situación que amenazaba con desbocarse.
¿Cobos es un traidor, un desestabilizador? ¿El país está lleno de golpistas? Mejor sería que en el Ejecutivo se dejaran de buscarle el pelo al huevo y de ver fantasmas donde no los hay: los que pensamos distintos no somos golpistas, sólo pensamos distinto, nomás.
Nos debemos una mirada crítica, los argentinos, y no sólo respecto a este conflicto sino a todo lo que pasa y ha pasado en el país.
¿Qué nos molesta de los Kirchner: que sean “zurdos”, o que gobiernen mal? A mí, poco me importa sin son zurdos, derechos o ambidiestros: quiero que hagan bien las cosas y espero que a su gobierno le vaya muy bien, porque entonces a mí también me irá bien. No me molesta, como a algunos, su defensa de los derechos humanos, ni la reivindicación de la memoria, ni que juzguen a los militares: la barbarie debe ser castigada. Pero también me hubiera gustado que estuvieran presos los jefes guerrilleros, que llevaron a tantos jóvenes a empuñar las armas por una “patria socialista” que la mayoría de los argentinos no quería. La generación de los 70 estaba llena de ideales: yo viví en esa época, y si bien era chica (nací en 1960) pude ver a muchos de los que tenían cinco, seis años más que yo, involucrarse con la gente y sus necesidades en las villas, en las escuelas, en el gremio. Se hablaba de política en las universidades, en las fábricas, en la calle, a tono con lo que pasaba en el resto del mundo. Pero algunos decidieron ir más allá, tomaron las armas y lo que vino después, en ese momento y en ese contexto social y político, era previsible: teníamos militares acostumbrados a cumplir órdenes y cuando se les ordenó aniquilar a la subversión, no escatimaron ningún recurso a su alcance, por ilegal o monstruoso que fuera; teníamos militares adoctrinados para ver comunistas hasta en la sopa, y a los que no vieron, los inventaron; teníamos militares acostumbrados a desalojar gobiernos, y bastante gente acostumbrada a pedirles que lo hicieran. Eso hemos sido, nos guste o no: los golpes militares no salen de un repollo, los gesta y los alumbra la sociedad, o una parte de ella. Creo que si la guerrilla hubiera tenido el suficiente apoyo popular podría haber triunfado, pero el argentino medio prefería que los fusiles los tuviera el ejército, que le merecía más confianza. No lo digo yo, lo dice nuestra historia: el comunismo, acá, no tuvo ni tendrá terreno fértil para echar raíces. Desde el más pobre al más rico, todos queremos tener lo nuestro, todos somos partidarios de la propiedad privada y de las libertades individuales.
Hasta 1982, fuimos un país con tradición golpista. Desde 1983, somos un país democrático: la letra entró con sangre, y hoy no hay ninguna posibilidad de que renunciemos a la democracia para dejar el gobierno en manos de los militares, ni de un dictador. Pero que seamos democráticos no significa que no podamos disentir con el gobierno; es más, lo saludable sería que controláramos mucho más a nuestros gobernantes, recordándoles constantemente que tienen la obligación de manejarse dentro de la ley y poniendo el bien común (común quiere decir “de todos”) por encima de sus postulados ideológicos.
Para que la democracia funcione bien debe haber independencia de poderes. ¿Por qué no creemos en la justicia? ¿No será que la justicia no está dando las respuestas que la gente necesita? ¿Por qué tenemos la sensación de que el Congreso no funciona bien, de que los legisladores no trabajan como deberían?
Para que la democracia funcione bien, los partidos políticos deben funcionar bien. Y no lo hacen: nuestros partidos políticos se atomizan por el exceso de personalismo, pero por sobre todo porque no hay internas y el que no está de acuerdo con las conducciones elegidas a dedo, tiene que armar su lista por afuera. ¿Quién lo eligió a Néstor Kirchner presidente del Partido Justicialista? ¿Qué interna ganó nuestra presidenta para ser candidata? ¿Cómo es posible que en cada elección tengamos varios candidatos del mismo partido, pero en listas distintas?
Última reflexión. Todos necesitamos que al país le vaya bien. Todos queremos lo mejor para el país. Todos queremos justicia. El que piensa distinto no es malo ni bueno por eso; está en la vereda de enfrente, nomás, pero mientras no empuñe un arma contra otro argentino, mientras cumpla con sus obligaciones, mientras sea honesto, mientras respete la ley, todo lo demás se puede discutir.
Sí, nos debemos una mirada crítica, los argentinos.
Graciela Fernández
Escritora - Río Ceballos - Córdoba - Argentina
http://www.terincollado.blogspot.com
—¿Y ahora a quién van a poner de presidente?
—A nadie —le contesté.
—Pero perdió, se tiene que ir...
Madre es golpista: quiere que Cristina Kirchner se vaya, y no había manera de hacerle entender que no se iba a ir, que sólo le habían votado en contra una ley en el Congreso, que eso pasa en todo el mundo, todos los días, y los gobiernos siguen y no se va nadie. Y que hasta el 2011 ella va a ser nuestra presidenta, y que no es cuestión de andar sacando y poniendo presidentes, que a los presidentes se los elige votando. Cuando al fin lo entendió, respiré aliviada: ¡un golpista menos, en este país tan lleno de gente que quiere voltear gobiernos! Y sí, somos muchos. Los del Monumento a la Bandera el 20 de junio, los del acto en Palermo el 15 de julio, los diputados y senadores que votaron en contra el 17 a la madrugada y el lord desestabilizador mayor, el “más pior” de todos: el vicepresidente Julio Cobos. Somos demasiados, y por su fuéramos pocos se nos han sumado algunos oportunistas, de esos que nunca faltan cuando de conseguir réditos políticos se trata...
Fiel a su costumbre de tener la última palabra, madre insistió con que los que habían perdido tenían que irse y yo me quedé pensando que, salvando las distancias, ella estaba haciendo lo mismo que muchos analistas políticos y periodistas: reducir la cuestión a una contienda con vencedores y vencidos. Se habla de la “derrota” del gobierno como si la presidenta y su gabinete volvieran de perder en Vilcapugio y Ayohuma, cuando en realidad tuvieron un traspié legislativo que, dadas las circunstancias, era totalmente previsible. Pero el gobierno todavía está a tiempo de rehabilitarse frente a la sociedad: sólo tiene que hacer una autocrítica profunda y honesta, y escuchar las voces de los que intentan hacerle ver en qué está fallando.
También debe entender, el gobierno, que nuestra democracia está creciendo y ya no queremos líderes omnipotentes que nos traten como a chicos y nos marquen el rumbo con el índice en alto. Queremos ser partícipes, queremos empezar a hacer notar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, queremos, los del interior, que los funcionarios nacionales no tomen decisiones desde allá sin conocer lo que pasa acá.
El enfrentamiento entre el gobierno y el campo, o como se quiera llamar lo que pasó durante los últimos cuatro meses, nos ha venido muy bien a los argentinos para aprender unas cuántas cosas. Hoy sabemos qué son las retenciones y cómo se aplican, que son los pools de siembra, qué se produce en las distintas regiones del país, qué diferencias hay entre un productor de la pampa húmeda y uno del noroeste, y hasta cuánto rinde la hectárea de soja en cada región. Sabemos, porque lo hemos visto funcionando a pleno, que el Congreso existe, es importante y tiene facultades que no debería delegar nunca más, porque es allí donde están representadas las provincias. Sabemos que, así como se les ha negado a los militares, con toda razón, el recurso de ampararse en la obediencia debida, no se les puede pedir a los senadores oficialistas que voten por obediencia partidaria en cuestiones que involucran a las provincias que representan. Y sabemos, también, para qué sirve un vicepresidente, porque convengamos que la mayoría teníamos la impresión de que era sólo el suplente del presidente, un adorno, casi.
Pero Julio Cobos pateó el tablero y nos demostró que a veces uno puede, y debe, disentir desde adentro, y que eso no es el fin del mundo. Si la presidenta lo piensa bien, su vicepresidente hizo por ella mucho más que todo su gabinete, y que su marido: le tranquilizó el país; los ánimos se distendieron como por arte de magia, y a casi todos nos invadió la sensación de que alguien, o algo, había recuperado el control de una situación que amenazaba con desbocarse.
¿Cobos es un traidor, un desestabilizador? ¿El país está lleno de golpistas? Mejor sería que en el Ejecutivo se dejaran de buscarle el pelo al huevo y de ver fantasmas donde no los hay: los que pensamos distintos no somos golpistas, sólo pensamos distinto, nomás.
Nos debemos una mirada crítica, los argentinos, y no sólo respecto a este conflicto sino a todo lo que pasa y ha pasado en el país.
¿Qué nos molesta de los Kirchner: que sean “zurdos”, o que gobiernen mal? A mí, poco me importa sin son zurdos, derechos o ambidiestros: quiero que hagan bien las cosas y espero que a su gobierno le vaya muy bien, porque entonces a mí también me irá bien. No me molesta, como a algunos, su defensa de los derechos humanos, ni la reivindicación de la memoria, ni que juzguen a los militares: la barbarie debe ser castigada. Pero también me hubiera gustado que estuvieran presos los jefes guerrilleros, que llevaron a tantos jóvenes a empuñar las armas por una “patria socialista” que la mayoría de los argentinos no quería. La generación de los 70 estaba llena de ideales: yo viví en esa época, y si bien era chica (nací en 1960) pude ver a muchos de los que tenían cinco, seis años más que yo, involucrarse con la gente y sus necesidades en las villas, en las escuelas, en el gremio. Se hablaba de política en las universidades, en las fábricas, en la calle, a tono con lo que pasaba en el resto del mundo. Pero algunos decidieron ir más allá, tomaron las armas y lo que vino después, en ese momento y en ese contexto social y político, era previsible: teníamos militares acostumbrados a cumplir órdenes y cuando se les ordenó aniquilar a la subversión, no escatimaron ningún recurso a su alcance, por ilegal o monstruoso que fuera; teníamos militares adoctrinados para ver comunistas hasta en la sopa, y a los que no vieron, los inventaron; teníamos militares acostumbrados a desalojar gobiernos, y bastante gente acostumbrada a pedirles que lo hicieran. Eso hemos sido, nos guste o no: los golpes militares no salen de un repollo, los gesta y los alumbra la sociedad, o una parte de ella. Creo que si la guerrilla hubiera tenido el suficiente apoyo popular podría haber triunfado, pero el argentino medio prefería que los fusiles los tuviera el ejército, que le merecía más confianza. No lo digo yo, lo dice nuestra historia: el comunismo, acá, no tuvo ni tendrá terreno fértil para echar raíces. Desde el más pobre al más rico, todos queremos tener lo nuestro, todos somos partidarios de la propiedad privada y de las libertades individuales.
Hasta 1982, fuimos un país con tradición golpista. Desde 1983, somos un país democrático: la letra entró con sangre, y hoy no hay ninguna posibilidad de que renunciemos a la democracia para dejar el gobierno en manos de los militares, ni de un dictador. Pero que seamos democráticos no significa que no podamos disentir con el gobierno; es más, lo saludable sería que controláramos mucho más a nuestros gobernantes, recordándoles constantemente que tienen la obligación de manejarse dentro de la ley y poniendo el bien común (común quiere decir “de todos”) por encima de sus postulados ideológicos.
Para que la democracia funcione bien debe haber independencia de poderes. ¿Por qué no creemos en la justicia? ¿No será que la justicia no está dando las respuestas que la gente necesita? ¿Por qué tenemos la sensación de que el Congreso no funciona bien, de que los legisladores no trabajan como deberían?
Para que la democracia funcione bien, los partidos políticos deben funcionar bien. Y no lo hacen: nuestros partidos políticos se atomizan por el exceso de personalismo, pero por sobre todo porque no hay internas y el que no está de acuerdo con las conducciones elegidas a dedo, tiene que armar su lista por afuera. ¿Quién lo eligió a Néstor Kirchner presidente del Partido Justicialista? ¿Qué interna ganó nuestra presidenta para ser candidata? ¿Cómo es posible que en cada elección tengamos varios candidatos del mismo partido, pero en listas distintas?
Última reflexión. Todos necesitamos que al país le vaya bien. Todos queremos lo mejor para el país. Todos queremos justicia. El que piensa distinto no es malo ni bueno por eso; está en la vereda de enfrente, nomás, pero mientras no empuñe un arma contra otro argentino, mientras cumpla con sus obligaciones, mientras sea honesto, mientras respete la ley, todo lo demás se puede discutir.
Sí, nos debemos una mirada crítica, los argentinos.
Graciela Fernández
Escritora - Río Ceballos - Córdoba - Argentina
http://www.terincollado.blogspot.com
sábado, 30 de agosto de 2008
NUEVA CAMPAÑA!
Finalmente, luego de algunas dificultades técnicas, lanzamos la segunda campaña de Democracia Directa, con el anhelo de multiplicar los efectos de la anterior campaña.
En este caso, nuestra campaña se refiere a los Superpoderes y a los decretos de Necesidad y Urgencia, para hacerle saber a nuestros legisladores que nos interesan y preocupan esos remanentes de la vieja política.
Los superpoderes se han utilizado para castigar a los funcionarios díscolos y premiar a los obsecuentes. De acuerdo a la ley de administración financiera, el presupuesto Nacional tiene el objeto que se discutan las prioridades de asignación presupuestaria por los representantes de los ciudadanos y las provincias.
En tanto, los decretos de necesidad y urgencia, nunca han sido reglamentados ni revisados por el Congreso, de acuerdo a lo que estipula la Constitución de 1994. Esto hace que sean herramientas políticas de dudosa legitimidad, y que aporten a la inseguridad jurídica de nuestro país.
Como siempre, esperamos que ustedes sean los difusores de la idea,y hagan llegar la propuesta a la mayor cantidad de conocidos posibles, de forma tal de hacer una campaña efectiva y masiva, para que no nos den más una democracia de cartón.
En este caso, nuestra campaña se refiere a los Superpoderes y a los decretos de Necesidad y Urgencia, para hacerle saber a nuestros legisladores que nos interesan y preocupan esos remanentes de la vieja política.
Los superpoderes se han utilizado para castigar a los funcionarios díscolos y premiar a los obsecuentes. De acuerdo a la ley de administración financiera, el presupuesto Nacional tiene el objeto que se discutan las prioridades de asignación presupuestaria por los representantes de los ciudadanos y las provincias.
En tanto, los decretos de necesidad y urgencia, nunca han sido reglamentados ni revisados por el Congreso, de acuerdo a lo que estipula la Constitución de 1994. Esto hace que sean herramientas políticas de dudosa legitimidad, y que aporten a la inseguridad jurídica de nuestro país.
Como siempre, esperamos que ustedes sean los difusores de la idea,y hagan llegar la propuesta a la mayor cantidad de conocidos posibles, de forma tal de hacer una campaña efectiva y masiva, para que no nos den más una democracia de cartón.
lunes, 7 de julio de 2008
Excelente Artículo
Luego de más de 100 días de marchas y contramarchas en relación con el conflicto sostenido entre el Gobierno y los Productores Agropecuarios, a raíz de la inconstitucional implementación de retenciones móviles sobre la exportación de soja, trigo, maíz y girasol, mediante Resolución (ME) Nº 125 de fecha 11/03/2008, hemos llegado al "punto de inflexión" en dicha confrontación desde el momento en que se le dio tardía participación en la misma al Congreso de la Nación.
Una serie de consideraciones pueden efectuarse en relación con el tema, pero, con el propósito de no perdernos en una maraña de aspectos sociales, políticos, ideológicos, económicos y psicológicos, es oportuno resaltar la conveniencia de circunscribirnos, exclusivamente, a consideraciones de índole jurídica y que son, las que deberían articularse con la finalidad de obtener una solución adecuada al conflicto planteado con posibilidades reales de éxito.
No debe perderse de vista que el campo y su dirigencia han sido irrevocablemente nominados por el Gobierno para hacerse cargo de todos los males que aquejan a la economía argentina y, a su vez, de la preocupante proyección de la misma en el tiempo. Aunque fácilmente se advierte que estos males, no son otra cosa que la consecuencia del desgobierno que venimos padeciendo desde tiempo atrás, incluida -obviamente- la administración de Néstor Kirchner.
El campo y sus dirigentes deberán hacerse cargo, sin importar el resultado del
conflicto, en virtud de la precitada nominación oficialista, de la prolongación en el tiempo de la confrontación "campo-gobierno", de la inflación evidenciada a la fecha, de la mentira oficial respecto de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la total desaceleración de la economía, de la disminución de la recaudación oficial, del menor superávit fiscal, de las consecuencias de una desacertada política energética, de la suba de las tasas de interés (producto en realidad, de la fuga de capitales y de la caída de las reservas con motivo del conflicto), de la falta de inversión externa, de una recesión imparable con efecto
multiplicador preocupante en todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería y las economías regionales. Ciclópea "mochila" para el agro.
Se habla de diálogo. Y es, verdaderamente, lo que toda la sociedad reclama. Pero el diálogo requerido por la civilidad no es el mismo que el ofrecido por el oficialismo. Por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El requerido es un diálogo abierto sin subterfugios, y el ofrecido es un diálogo condicionado y gatopardista. Diálogo en el cual, todo cambia para que no cambie absolutamente nada. Peor aún, en este caso, "diálogo" es equivalente a "trampa" para el campo.
Mantener un diálogo como el ofrecido es, indudablemente, caer en una trampa política oficialista que denota una factura burda, hasta grotesca, pero no porque la construcción de la misma sea fácilmente detectable como rudimentaria y torpe, debe menospreciarse o no reconocerse su eficiencia en la consecución de los fines para los que fuera creada.
La mayoría del oficialismo en las bancas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, le otorga al Gobierno "patente de corso" para el tratamiento de las retenciones móviles, sea que se las trate a libro cerrado, o que se las abra a un tratamiento deliberativo sin condicionamientos. Al momento de las votaciones, el oficialismo hará valer el peso de las mayorías que ostenta en el ámbito legislativo. Lo expuesto, en distintas circunstancias se ha evidenciado, y como ha sido por otros sostenido, perder es un verbo que el peronismo no está
acostumbrado a conjugar.
Ello es indiscutible, y no puede esperarse otra cosa desde un punto de vista racional. Dicho de otro modo, "alea jacta est", es decir, la suerte está echada en la forzada etapa parlamentaria de este conflicto.
Sin dejar de lado el supuesto "debate" en sede legislativa en busca de un supuesto "consenso", con el propósito de auscultar la actitud a seguir por parte del Gobierno, surge como imprescindible que se adopten simultáneamente, urgentes medidas tendientes a encontrar una solución definitiva al conflicto, mediante la indefectible e insoslayable participación del Poder Judicial.
Desde este punto de vista, el texto del email conteniendo el petitorio a Senadores y Diputados, en sus puntos 1. y 2., claramente enfoca y resalta cuales son los dos aspectos fundamentales a tener presente en el debate sobre la procedencia de las retenciones móviles, aspectos estos que se anteponen e incluso excluyen, cualquier otro tipo de planteo sobre la cuestión. A saber:
(a.). La inconstitucionalidad de la norma en su esencia, en razón de no haber sido emanada del Poder Legislativo, que es el que cuenta con facultades constitucionales que le son exclusivas para legislar sobre derechos de exportación (mal llamados retenciones).
(b.). La inconstitucionalidad de la norma en su contenido, en razón de establecer porcentajes confiscatorios en concepto de derechos de exportación, en flagrante contraposición a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una norma viciada de nulidad absoluta e insanable, no existe como acto jurídico válido. ¿Cómo puede entonces, un acto jurídico nulo e insanable por las razones
expuestas, ser remitido a consideración del Poder Legislativo para su ratificación? Peor aún, ¿Cómo puede solicitarse la ratificación de un acto jurídico nulo e insanable, y en caso de no prosperar aquella, aspirar a que dicho acto continúe surtiendo efectos jurídicos de todas maneras?
La acción derivada de una nulidad absoluta no es prescriptible; esta solución -sostiene Borda- "surge necesariamente de la inconfirmabilidad de la acción, pues de aceptarse la prescripción se podría llegar por esa vía a la confirmación tácita. Por lo demás, lo que es inmoral, lo que es contrario a los intereses públicos, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo." Los procedimientos oficiales implementados, repugnan los principios elementales del Derecho.
Quienes tienen la función y el deber de conducir el Estado Nacional, no hacen una normal, coherente, consecuente y seria aplicación de las normas que lo rigen. De esta manera, se constituyen en una suerte de pretores romanos -con la salvedad de la distancia histórica- que tuercen, moldean, quiebran, trastocan y ejecutan los textos ordenatorios de la vida institucional a partir de su antojo y/o conveniencia, y dependiendo de a quien deban aplicarse los mismos; sean estos adherentes a la causa, o sean estos disidentes, a quienes no duda el Gobierno en calificar de golpistas, desestabilizadores, antidemocráticos y antipatrióticos.
La continua sucesión, reiteración de estos procedimientos, la flagrante violación de derechos de raigambre constitucional, la negación de jurisprudencia pacífica y feiterada de la Corte Suprema de Justicia, y la actitud corporativa -si cabe el término- evidenciada por el oficialismo, conlleva a que los productores agropecuarios formulen sus peticiones a partir de la vía judicial y reclamen así, la defensa de sus derechos e intereses.
La inconstitucionalidad de la norma, es el fundamento insustituible que aporta una solución definitiva al problema de la procedencia, o no, de las retenciones móviles a la exportación de granos.
Si el tratamiento de las retenciones móviles en contra del campo fracasa en el Poder Legislativo, siempre quedará, a favor de los ruralistas, la opción de atacar la ley que de dicho poder emane, casualmente, por su condición de inconstitucional, pero a raíz de ello, el campo y sus dirigentes tendrán que hacerse cargo también, injustificadamente por cierto, de la eventual acusación que se les formulará de continuar prolongando el conflicto "sine die", en razón de la irrevocable nominación a que el Gobierno los sometiera, y con el inevitable desprestigio que ello implicaría ante la opinión pública.
Cr. Oreste Marchiaro
D.N.I. 10.219.286
S. M. de Tucuman
Una serie de consideraciones pueden efectuarse en relación con el tema, pero, con el propósito de no perdernos en una maraña de aspectos sociales, políticos, ideológicos, económicos y psicológicos, es oportuno resaltar la conveniencia de circunscribirnos, exclusivamente, a consideraciones de índole jurídica y que son, las que deberían articularse con la finalidad de obtener una solución adecuada al conflicto planteado con posibilidades reales de éxito.
No debe perderse de vista que el campo y su dirigencia han sido irrevocablemente nominados por el Gobierno para hacerse cargo de todos los males que aquejan a la economía argentina y, a su vez, de la preocupante proyección de la misma en el tiempo. Aunque fácilmente se advierte que estos males, no son otra cosa que la consecuencia del desgobierno que venimos padeciendo desde tiempo atrás, incluida -obviamente- la administración de Néstor Kirchner.
El campo y sus dirigentes deberán hacerse cargo, sin importar el resultado del
conflicto, en virtud de la precitada nominación oficialista, de la prolongación en el tiempo de la confrontación "campo-gobierno", de la inflación evidenciada a la fecha, de la mentira oficial respecto de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la total desaceleración de la economía, de la disminución de la recaudación oficial, del menor superávit fiscal, de las consecuencias de una desacertada política energética, de la suba de las tasas de interés (producto en realidad, de la fuga de capitales y de la caída de las reservas con motivo del conflicto), de la falta de inversión externa, de una recesión imparable con efecto
multiplicador preocupante en todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería y las economías regionales. Ciclópea "mochila" para el agro.
Se habla de diálogo. Y es, verdaderamente, lo que toda la sociedad reclama. Pero el diálogo requerido por la civilidad no es el mismo que el ofrecido por el oficialismo. Por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El requerido es un diálogo abierto sin subterfugios, y el ofrecido es un diálogo condicionado y gatopardista. Diálogo en el cual, todo cambia para que no cambie absolutamente nada. Peor aún, en este caso, "diálogo" es equivalente a "trampa" para el campo.
Mantener un diálogo como el ofrecido es, indudablemente, caer en una trampa política oficialista que denota una factura burda, hasta grotesca, pero no porque la construcción de la misma sea fácilmente detectable como rudimentaria y torpe, debe menospreciarse o no reconocerse su eficiencia en la consecución de los fines para los que fuera creada.
La mayoría del oficialismo en las bancas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, le otorga al Gobierno "patente de corso" para el tratamiento de las retenciones móviles, sea que se las trate a libro cerrado, o que se las abra a un tratamiento deliberativo sin condicionamientos. Al momento de las votaciones, el oficialismo hará valer el peso de las mayorías que ostenta en el ámbito legislativo. Lo expuesto, en distintas circunstancias se ha evidenciado, y como ha sido por otros sostenido, perder es un verbo que el peronismo no está
acostumbrado a conjugar.
Ello es indiscutible, y no puede esperarse otra cosa desde un punto de vista racional. Dicho de otro modo, "alea jacta est", es decir, la suerte está echada en la forzada etapa parlamentaria de este conflicto.
Sin dejar de lado el supuesto "debate" en sede legislativa en busca de un supuesto "consenso", con el propósito de auscultar la actitud a seguir por parte del Gobierno, surge como imprescindible que se adopten simultáneamente, urgentes medidas tendientes a encontrar una solución definitiva al conflicto, mediante la indefectible e insoslayable participación del Poder Judicial.
Desde este punto de vista, el texto del email conteniendo el petitorio a Senadores y Diputados, en sus puntos 1. y 2., claramente enfoca y resalta cuales son los dos aspectos fundamentales a tener presente en el debate sobre la procedencia de las retenciones móviles, aspectos estos que se anteponen e incluso excluyen, cualquier otro tipo de planteo sobre la cuestión. A saber:
(a.). La inconstitucionalidad de la norma en su esencia, en razón de no haber sido emanada del Poder Legislativo, que es el que cuenta con facultades constitucionales que le son exclusivas para legislar sobre derechos de exportación (mal llamados retenciones).
(b.). La inconstitucionalidad de la norma en su contenido, en razón de establecer porcentajes confiscatorios en concepto de derechos de exportación, en flagrante contraposición a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una norma viciada de nulidad absoluta e insanable, no existe como acto jurídico válido. ¿Cómo puede entonces, un acto jurídico nulo e insanable por las razones
expuestas, ser remitido a consideración del Poder Legislativo para su ratificación? Peor aún, ¿Cómo puede solicitarse la ratificación de un acto jurídico nulo e insanable, y en caso de no prosperar aquella, aspirar a que dicho acto continúe surtiendo efectos jurídicos de todas maneras?
La acción derivada de una nulidad absoluta no es prescriptible; esta solución -sostiene Borda- "surge necesariamente de la inconfirmabilidad de la acción, pues de aceptarse la prescripción se podría llegar por esa vía a la confirmación tácita. Por lo demás, lo que es inmoral, lo que es contrario a los intereses públicos, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo." Los procedimientos oficiales implementados, repugnan los principios elementales del Derecho.
Quienes tienen la función y el deber de conducir el Estado Nacional, no hacen una normal, coherente, consecuente y seria aplicación de las normas que lo rigen. De esta manera, se constituyen en una suerte de pretores romanos -con la salvedad de la distancia histórica- que tuercen, moldean, quiebran, trastocan y ejecutan los textos ordenatorios de la vida institucional a partir de su antojo y/o conveniencia, y dependiendo de a quien deban aplicarse los mismos; sean estos adherentes a la causa, o sean estos disidentes, a quienes no duda el Gobierno en calificar de golpistas, desestabilizadores, antidemocráticos y antipatrióticos.
La continua sucesión, reiteración de estos procedimientos, la flagrante violación de derechos de raigambre constitucional, la negación de jurisprudencia pacífica y feiterada de la Corte Suprema de Justicia, y la actitud corporativa -si cabe el término- evidenciada por el oficialismo, conlleva a que los productores agropecuarios formulen sus peticiones a partir de la vía judicial y reclamen así, la defensa de sus derechos e intereses.
La inconstitucionalidad de la norma, es el fundamento insustituible que aporta una solución definitiva al problema de la procedencia, o no, de las retenciones móviles a la exportación de granos.
Si el tratamiento de las retenciones móviles en contra del campo fracasa en el Poder Legislativo, siempre quedará, a favor de los ruralistas, la opción de atacar la ley que de dicho poder emane, casualmente, por su condición de inconstitucional, pero a raíz de ello, el campo y sus dirigentes tendrán que hacerse cargo también, injustificadamente por cierto, de la eventual acusación que se les formulará de continuar prolongando el conflicto "sine die", en razón de la irrevocable nominación a que el Gobierno los sometiera, y con el inevitable desprestigio que ello implicaría ante la opinión pública.
Cr. Oreste Marchiaro
D.N.I. 10.219.286
S. M. de Tucuman
viernes, 4 de julio de 2008
Nobleza Obliga (II)
Siguen llegando adhesiones de legisladores opositores.
Estimados,
Muchas gracias por su mail. Para mi es importante escuchar su opinión y postura.
En esta ocasión tengo bien en claro que no estoy de acuerdo con la resolución 125, por su forma y fondo. Es anti-constitucional y además las retenciones del 35% son excesivas y castigan al productor.
Sin embargo, el país está en una crisis y debemos buscar una solución rápida al conflicto. Hoy en día es importante recuperar la República y lograr un acuerdo para salir de la crisis, por lo que sería importante volver a la situación del 10 de marzo.
Quisiera felicitarlo por su compromiso cívico, con más ciudadanos comprometidos como usted, el país estaría mejor.
Quedo a su disposición y espero que nos acompañe con una oración por la paz y unidad del país.
Saludos cordiales,
Cynthia Hotton
Diputada de la Nación
www.cynthiahotton.blogspot.com
Estimados,
Muchas gracias por su mail. Para mi es importante escuchar su opinión y postura.
En esta ocasión tengo bien en claro que no estoy de acuerdo con la resolución 125, por su forma y fondo. Es anti-constitucional y además las retenciones del 35% son excesivas y castigan al productor.
Sin embargo, el país está en una crisis y debemos buscar una solución rápida al conflicto. Hoy en día es importante recuperar la República y lograr un acuerdo para salir de la crisis, por lo que sería importante volver a la situación del 10 de marzo.
Quisiera felicitarlo por su compromiso cívico, con más ciudadanos comprometidos como usted, el país estaría mejor.
Quedo a su disposición y espero que nos acompañe con una oración por la paz y unidad del país.
Saludos cordiales,
Cynthia Hotton
Diputada de la Nación
www.cynthiahotton.blogspot.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
